sábado, 5 de enero de 2013

De la reordenación del gobierno a la reordenación del país

Liébano Sáenz

Liébano Sáenz. La reforma a la ley orgánica de la administración pública federal se ha entendido como una reordenación del gobierno para acometer de mejor manera los desafíos de la administración. Así, la Secretaría de Seguridad Pública se ha integrado a la Secretaría de Gobernación, desaparece la Secretaría de la Función Pública una vez que se integre el nuevo órgano autónomo de fiscalización, se crea formalmente la Oficina de la Presidencia y la Secretaría de la Reforma Agraria se transforma en una nueva dependencia para dar lugar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Lo más relevante han sido los cambios en las atribuciones, particularmente, la condición que adquiere la Secretaría de Gobernación como coordinadora del gabinete y las tareas que realizará la nueva dependencia a cargo de Jorge Carlos Ramírez Marín y que tiene que ver con la reordenación territorial del país. De esta forma el común denominador de estas modificaciones es una mayor coordinación que se traduzca en resultados concretos para los ciudadanos.

En el pasado inmediato la Secretaría de Gobernación fue disminuida gradualmente, en el año 2000 se le quitaron las responsabilidades de seguridad pública. La consecuencia, una muy demeritada interlocución con gobiernos locales y los poderes federales. También las labores de inteligencia que realizaba el Cisen se vieron afectadas, las secuelas están a la vista. En el periodo todos los secretarios de Gobernación padecieron, por estas razones, dificultades serias para la conducción de la política interior.

En este contexto cabe señalar que en julio pasado se aprobó una reforma para resolver el vacío legal respecto al funcionario que debe cubrir la falta del Presidente; la reforma al artículo 84 constitucional determinó que será el secretario de Gobernación quien se haga cargo del Poder Ejecutivo, mientras que el Congreso en un término de sesenta días nombraría al presidente interino o sustituto, según el caso.

Bajo el nuevo marco de la reforma reciente, la Secretaría de Gobernación recupera espacios de acción y obtiene más de lo que tenía. Por ejemplo, la coordinación del Gabinete es una tarea fundamental y le concede una jerarquía política y un terreno de la mayor importancia. Asimismo, la reinserción de las responsabilidades de seguridad pública le otorga una tarea crítica y de gran relevancia. Dos temas a destacar en este aspecto: el primero, el cambio permite que lo referente a la seguridad pueda emprenderse en el marco de una estrategia general e integral bajo un concepto de Estado; vale aquí la pena enfatizar que la seguridad pública no puede dejarse en una dirección operativa, por eficaz que sea o parezca. El segundo tema es el mando civil de la fuerza pública, principio republicano fundamental.

Por su parte, el desafío inmediato del nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial, Jorge Carlos Ramírez Marín, es acreditar que la nueva dependencia no es la anterior Secretaría de la Reforma Agraria, sino una nueva Secretaría que amplía de manera significativasus responsabilidades. Su tarea implica la coordinación en dos grandes planos: en primer término con otras dependencias y organismos de carácter federal que tienen competencia en la materia y que deben ajustar su actuación a una estrategia integral y una agenda común que debe estructurar la nueva dependencia. Así, por ejemplo, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Sedesol, el Infonavit, Conagua, la Semarnat y el INEGI, entre otros, deberán mantener una estrecha coordinación con la nueva dependencia. El otro plano se refiere a los gobiernos del Distrito Federal y a los de los estados y municipios. Todo el país y todas las instituciones de gobierno deben participar de un programa común de reordenación territorial con una perspectiva de, al menos, 50 años y que proyecte el tipo de país que queremos.

Así, la reordenación del país en lo político y en lo territorial es uno de los grandes desafíos del México contemporáneo. La acelerada urbanización que ha caracterizado a las últimas ocho décadas ha significado un crecimiento de ciudades al margen de la planeación y del uso racional del suelo. No existe ciudad en el país que no padezca este problema que tiene que ver con la insuficiencia de servicios públicos, pero también con la muy precaria planeación urbana y, particularmente, con la fragilidad de las autoridades municipales para hacer valer las normas y procedimientos que concedan un uso racional del suelo y que se hagan tangibles en una mejor convivencia y calidad de vida para las personas y las familias.

La corrupción y la falta de autoridad ha significado un deterioro grave de las ciudades. El deterioro ambiental es una de sus más graves expresiones; también lo son los asentamientos irregulares en zonas de peligro o riesgo que cobran un alto costo humano. El patrimonio cultural con frecuencia se ha visto irremediablemente dañado. Las vialidades o las zonas supuestamente verdes son expresión del desconcierto en la materia. Existen normas, pero no así la capacidad para hacerlas valer o, en el mejor de los casos, son caducas, de esta forma el desarrollo urbano se ofrece en un desorden y en no pocas ocasiones caos total.

Las urbes no son estables, son una forma de seres vivos que se transforman y cambian en el tiempo, que demandan atención, pero, sobre todo, capacidad de respuesta institucional con perspectiva para que no sea lo reactivo lo que determine a las políticas públicas.

Cada pueblo, cada ciudad tiene su propia historia. Un origen de orgullo y de identidad que debe recrearse con la misma transformación que va ocurriendo. La reordenación del país debe tener un sentido humano y social. La modernidad no debe ser impuesta a costa del origen y del valor cultural y social que se concede al espacio y al territorio. Pero tampoco causas legítimas como es la protección del patrimonio cultural o el medio ambiente deben ser utilizados a manera de ganar ventaja particular o de frenar la transformación que debe tener el territorio y los lugares de asentamientos humanos.

La creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es la gran oportunidad de reforma institucional para responder a una de las necesidades primarias para lograr un uso racional del suelo en un país en el que deben conciliarse historia milenaria, cultura profunda y anhelo de bienestar.

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