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jueves, 24 de enero de 2013


La NRA y su obstinada oposición al control de armas

Luis I Sánchez

Luis I. Sánchez. La cuestión acerca de la imposición de medidas más severas para adquirir armas de fuego en los Estados Unidos, ha ido provocando reacciones cada vez más polarizadas al respecto. Por un lado se encuentran aquellos que ven con buenos ojos el hecho de que el gobierno adopte medidas tendientes a regular la compra-venta de diversos tipos de armas con el fin de que estas no caigan en manos de individuos peligrosos que, en algún momento, puedan atentar contra la integridad de otros individuos de la propia comunidad.

Por el otro lado, se encuentran los recalcitrantes miembros de la NRA (National Rifle Association) cuya postura se mantiene en contra de cualquier intento por reformar el derecho de los ciudadanos a poseer armas, por mucho que una gran cantidad de éstas pueda resultar extremadamente peligrosas en manos de gente sin entrenamiento (imaginemos ahora dichas armas en manos de individuos con algún problema de salud mental).

La base que sostiene los fundamentos de la NRA es la Segunda Enmienda de los Estados Unidos, que garantiza a los ciudadanos el derecho de adquirir, portar y transportar armar con muy pocas limitaciones. Dicha enmienda, sin embargo, fue redactada en 1791 como una forma de llamar a los ciudadanos que, con sus propias armas, pudieran formar milicias en la eventualidad de que un peligro exterior se cerniera sobre la nación, como había sido el caso de las tropas británicas en suelo estadounidense unos años antes.

No era la defensa contra enemigos exteriores el único objetivo de la Segunda Enmienda, sino que también se ratificó como el derecho de cualquier ciudadano para defender su persona, familia y propiedades ante cualquier eventualidad, así como un modo de superviviencia (la caza ere una actividad habitual entonces). No obstante, otros objetivos políticos se dejaban traslucir, tales como la posibilidad de que, las milicias, formadas por los ciudadanos armados, pudieran oponerse al gobierno en el caso de que este resultara demasiado opresivo. O también para que dichas milicias pudieran mantener un nivel de seguridad mínimo de sus respectivos estados, aun cuando era el ejército el responsable de garantizar la seguridad de los ciudadanos en toda la Unión Americana.

Como se puede ver, ninguno de los fundamentos históricos de la Segunda Enmienda aplica hoy en día. El gobierno no es (no bajo mi concepción al menos) autoritario ni opresivo; el ejército es el más poderoso del mundo y, por tanto, puede defender con facilidad cualquier punto de su territorio y garantizar la paz y la seguridad de sus habitantes. Precisamente por lo anterior, no se justifica al “ciudadano armado” para la defensa contra una amenaza exterior. Respecto a la caza, es una costumbre que no se conserva más que como una práctica deportiva. Entonces, pues ¿Cuál es la necesidad de mantener a todo trance la prerrogativa de que las armas sean vendidas prácticamente sin restricción alguna?

Probablemente la respuesta se encuentre en el jugoso negocio que representa, y en el peso político que el dinero puede obtener entre los congresistas. Como ejemplo de su poderío e influencia, tenemos que la NRA ha bloqueado, al menos desde 1996, las iniciativas para financiar investigaciones que aborden el efecto que la posesión de armas de fuego tiene en Estados Unidos. De esta manera, y a pesar de que este país es uno de los que registra los índices más altos de muertes por arma de fuego (33 personas al día), sólo gasta dos millones de dólares anuales, mientras que para el estudio de los dolores de cabeza, se gastan 21 millones, esto con la evidente intención de que la sociedad no se forme una idea negativa acerca de las armas de fuego.

Hace unos días, el presidente Obama (que recién inicia su segundo periodo), planteó una serie de puntos para regular la venta de armas de fuego y que podrían disminuir la violencia originada por tiroteos en diferentes partes del país, siendo el que mayor controversia causó el de la escuela Sandy Hook, en Newton, Connecticut, en el que murieron veinte niños y seis adultos a manos de Adam Lanza. Las propuestas más importantes fueron: 1. Prohibir la comercialización de armas de asalto. 2. Prohibición de la venta de cartuchos de municiones de alta capacidad. 3. Revisiones de antecedentes para los compradores de armas y 4. Mayor inversión en las investigaciones sobre enfermedades mentales y otras condiciones que pueden conducir a que alguien no esté capacitado para manipular un arma de fuego. Entre los temas a investigar entra el controvertido tema de los videojuegos como incitadores de actitudes violentas.

Si lo propuesto por Obama llega a prosperar (y parece que así sucederá), habrá que poner atención a los efectos que en México puedan tener las recientes reformas. Tal vez podría ser un buen augurio para que, ahora sí, se establezcan medidas mucho más rígidas en el control de armas en la frontera y que pasan directamente a territorio mexicano a manos de los grupos del crimen organizado que, a pesar de las promesas de Peña Nieto, no han menguado sus actividades violentas.

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