#PorSiTeLoPerdiste


jueves, 31 de enero de 2013

La reforma migratoria y el peso del voto latino


Luis I. Sánchez. Cuatro años tuvieron que pasar (y se ganara la reelección, además) para que la administración encabezada por el primer presidente estadounidense de color se decidiera por fin a hacer efectiva, al menos en propuesta, la promesa de una reforma integral migratoria que beneficie a los millones de personas que se encuentran en la ilegalidad en el país de las barras y las estrellas.

Lo sorprendente es que ahora parece que los consensos respecto a esta urgente situación parecen darse con facilidad, y hasta con cierta ansiedad. Me explico: El lunes un grupo de senadores de los partidos Demócrata y Republicano convocaron a una rueda de prensa para hacer de conocimiento público, que tenían un proyecto de reforma cuyo objetivo es el de regularizar el estatus migratorio de millones de personas que viven “en las sombras” en los Estados Unidos. Por su parte, el presidente Obama saludó la iniciativa de los senadores e invitó al Congreso a que estudiara y votara positivamente el proyecto, de lo contrario, dijo, lanzaría una iniciativa propia.

¿Por qué este repentino interés en regularizar la situación “ilegal” de los inmigrantes residentes en Estados Unidos? La respuesta puede estar centrada en diversos factores. Uno de los que más se ha hablado es la importancia del voto latino, el cual es el de mayor crecimiento en los últimos lustros, y cuya tendencia se mantendrá en ese ritmo creciente durante los próximos años. ¿Qué significa esto? Que aquel que desee llegar a la Casa Blanca y convertirse en presidente de los Estados Unidos en un futuro, próximo y no tan próximo, tendrá que coquetear, por fuerza, con el sector latino, sin cuyos votos podría simplemente perder la oficina oval. ¿Y qué mejor forma para seducir a este sector a votar por tal o cual facción partidista? Simple, otorgándole el carácter de residentes primero y ciudadanos después, con los correspondientes derechos cívicos que les permitirían participar en el engranaje democrático de la primera potencia mundial.

Esto es algo que tienen bien claro tantos demócratas como republicanos. Los primeros están interesados en que la reforma se lleve a cabo durante la administración de Obama, en primer lugar, porque es una promesa de campaña cuyo cumplimiento se ha visto postergado, para decepción de los indocumentados, desde hace cuatro años. En segundo lugar, porque esto elevaría sensiblemente los bonos del Partido Demócrata ante los ojos de la opinión pública en pro de los derechos humanos y, en especial del importante sector latino.

Los republicanos, a su vez y dándose cuenta de que si quieren volver a la Casa Blanca tendrán que buscar las llaves en el voto de los inmigrantes, tratan de adherirse al plan de reforma que, por muy inminente que pareciera, no podría ser aprobado sin su ayuda. Con este buscan, probablemente, granjearse las simpatías del creciente e importante voto latino, sin el cual el camino a la presidencia estadounidense se haría más largo y tortuoso.

Está, también, el tema de los impuestos. Aunque ya se ha señalado (gracias a @anadecimononica por sus observaciones) que si bien los inmigrantes pagan impuestos al adquirir los diversos artículos y servicios que utilizan para su vida diaria (como alimentos y medicinas), eso no repercute en una mejora material para su nivel de vida, pues en muchas ocasiones no tienen acceso al sistema educativo, ni a atención médica, ya no hablemos de la procuración de justicia. Con la reforma, se busca hacer que los indocumentados, al comenzar el proceso para adquirir la residencia y la ciudadanía, comiencen a pagar impuestos sobre sus ingresos, además de una multa cuyo monto no se ha cuantificado. La cantidad ciertamente no resulta risible, y menos aún para un país que está haciendo grandes esfuerzos para salir de la crisis económica en la que está envuelta, y para lo que requiere enormes sumas de dinero, a las que, desde luego, podrían contribuir los nuevos ciudadanos de origen extranjero.

Lo anterior no estaría nada mal –finalmente es una obligación de los ciudadanos estadounidenses- si el nuevo estatus otorgara una completa igualdad a los inmigrantes. Digo esto porque en el discurso dado el lunes por los senadores, se hizo mención de que los nuevos empleos que se crearán para atender la demanda del sector laboral, serán accesibles primero para aquellos que sean ciudadanos estadounidenses de “facto”, es decir, que lleven varias generaciones en EUA. El acceso a los mismos empleos por parte de los inmigrantes no se daría sino en el caso de que sobraran plazas de trabajo. ¿Qué caso tiene entonces conceder la ciudadanía si esta, de cualquier forma, diferenciará a un tipo de ciudadano no migrante, de otro que sí lo es? Estaríamos hablando entonces de, al menos, dos clases de ciudadanos, una con mayores privilegios que la otra. ¿Podría a esto llamársele democracia? No parece ser caso.

El debate apenas comienza y promete ser largo, acalorado y lleno de pasiones e intereses. Esperemos, pues, que los congresistas estadounidenses mantengan la cabeza fría y produzcan una reforma que otorgue tantos derechos como obligaciones a la gente que, aun sin papeles, ayuda al crecimiento de los Estados Unidos.

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