miércoles, 30 de enero de 2013

Las tres verdades

Sergio Aguayo

Sergio Aguayo. En los años que Florence Cassez fue huésped del Anáhuac se armó en torno suyo un amasijo tan complicado que salen turbias las verdades legal y mediática. Esperemos que de ellas nazca una verdad histórica menos percudida.

La Suprema Corte asumió el riesgo de ser quemada (simbólicamente) en una hoguera hecha con leña de pirul y sazonada con chiles de árbol cuando decretó la libertad de la francesa por violaciones a sus derechos. Reconozcamos su valor al asumir implícitamente la degradación del Poder Judicial y de reconocer su impotencia al declarar que, pese a todo su poder, fue incapaz de establecer si Florence era culpable o inocente.

Esa ambigüedad abrió todavía más los portones por los que ya fluían las verdades mediáticas. Las voces mesuradas han sido avasalladas por el sector más vociferante que ha seguido insistiendo en la culpabilidad de la mujer mientras señala con índice de fuego a los responsables: Genaro García Luna, Felipe Calderón y una Suprema Corte insensible a los derechos de los secuestrados y las víctimas. El torrente de adjetivos alimentó el repudio: 83% de los entrevistados por Reforma estuvo en desacuerdo con la liberación.

Otra posible razón tras tanto enojo fue el trato que recibió al salir de la cárcel. En el operativo posiblemente participaron el Estado Mayor Presidencial, la Policía Federal y la capitalina (nadie lo sabe a ciencia cierta). Para protegerla -supongo- de algún golpe de aire, la enfundaron en un chaleco antibalas y la subieron a una de las 10 camionetas repletas de elementos fuertemente armados que eran escoltadas por motociclistas cuya función era facilitar el recorrido por el siempre impredecible tráfico capitalino. Ingresó al aeropuerto por la entrada reservada a la Policía Federal a donde solícitos llegaron, faltaba más, los agentes de migración que debían sellarle el pasaporte. Ante el silencio pusilánime de nuestro cuerpo diplomático, las máximas autoridades francesas la declararon inocente y le dieron el trato de heroína rescatada por Sandokán de las garras de tribus salvajes (héroe de las aventuras del escritor Emilio Salgari). Nuestros gobernantes carecen de decoro aunque, como todo lo que rodea este caso, desconocemos quién coordinó el despliegue.

El Caso Florence también ofende porque es un personaje de esa interminable telenovela sobre las mil caras de la impunidad y el cinismo. Se añade otra pregunta a una colección bien nutrida: ¿fue Luis Echeverría genocida?, ¿quiénes mataron a Luis Donaldo Colosio, José Francisco Ruiz Massieu y Enrique Salinas de Gortari?, ¿se acusó injustamente a los ex gobernadores Mario Marín, Ulises Ruiz y Humberto Moreira?, ¿alguien se sorprende que el priista, y también Consejero del IFE, Sergio García Ramírez desechara el manto del jurista y exonerara al PRI de una multa por el caso Monex?, ¿cuál será el desenlace del sainete en el IFAI? Somos el país de los casos inconclusos. Somos el paraíso de las impunidades.

En la encuesta antes citada, 57% expresó su deseo de que se castigue a los responsables del show televisivo que terminó liberando a la francesa. Una pareja bien identificada es la formada por Genaro García Luna y Felipe Calderón. ¿Alguien le cree a la Procuraduría General de Enrique Peña Nieto cuando dice que estudia la posibilidad de levantarles cargos? ¡Por favor!

Los otros responsables son las televisoras. Si ya fue lamentable que la Policía Federal supuestamente de élite se convirtiera en varias ocasiones en patiño televisivo, es preocupante una ausencia que ha pasado desapercibida: ya nadie se acuerda que la Secretaría de Gobernación tiene la responsabilidad legal de supervisar que las concesionarias cumplan con la obligación legal de transmitir información veraz y oportunamente. ¿Alguien sabe cuándo nos brindará Bucareli su dictamen u opinión sobre la ahora famosa detención?

La verdad histórica es muchísimo más lenta de construir y, en teoría, es mucho más trascendente. Quiero ser optimista y creer que la decisión tomada por la Suprema Corte servirá para que a partir de ahora policías, ministerios públicos y jueces abjuren públicamente de la "prueba reina" (la confesión) y se comprometan a privilegiar las evidencias. Si esto sucede, la decisión sobre Florence por fallas en el debido proceso tendrá efectos de enorme trascendencia.

Una semana después nadie con un mínimo de decencia e inteligencia puede sentirse orgulloso de la manera en como evolucionó, o con el desenlace que tuvo, el Caso Florence Cassez. Sacó a la luz realidades desagradables: con la anuencia de Los Pinos nuestras policías sirvieron a los poderes fácticos mientras nuestro Poder Judicial exhibió su pésima calidad.

Quiero creer que en algún momento armonizarán las tres verdades: la legal, la mediática y la histórica. Ese día seremos un país con una democracia razonablemente consolidada. Por ahora sólo nos queda hacer corajes y pasar vergüenzas.

Colaboró Paulina Arriaga Carrasco. 

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