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viernes, 4 de enero de 2013


Los primeros pasos de Peña nos conducen al precipicio

Luis I Sánchez
Luis I. Sánchez. Decepcionados debieron de quedar aquellos que creyeron que bastaría con los buenos deseos decembrinos, y el cambio de gobierno federal para mejorar la situación de violencia e inseguridad en los distintos puntos de nuestro país. Nada más desconsolador que enterarnos que durante el último mes del 2012, y primero del gobierno de Peña Nieto, se registraron 982 ejecuciones. Tendencia que tristemente se mantiene este enero y que, seguramente, se mantendrá en los meses y hasta años por venir.

Las medidas y planes que se están tomando en lo concerniente a seguridad permiten imaginar que al menos a mediano plazo, las notas sobre ejecuciones, asesinatos y levantamientos no abandonarán los encabezados de los diarios y seguirán, por lo contrario, acompañándonos en nuestro diario acontecer. ¿Pero quién se sorprende ya de esto? La cotidianidad de estas “noticias” es tal que nuestra capacidad de asombro queda inalterada, inmutable, ante los sádicos títulos, que con frases escandalosas tratan de llamar nuestra atención sobre los no menos sádicos acontecimientos que narran. Decapitados por aquí, torturados por acá… Levantados por allá. Apenas provocarían que levantáramos una ceja si en alguno de estos sucesos violentos hubiese estado complicado el “primo de un amigo”. Y a veces, ni así.

Como decía, diversas son las señales que nos permiten ver que la estrategia calderonista de combate al narcotráfico cambiará poco —o nada— con respecto a los planes trazados por el gabinete de Peña Nieto. En primer lugar, parece que ya se ha confirmado que los miembros de la Gendarmería Nacional —la institución insignia de la actual administración, que sustituye a la Policía Federal— serán todos militares, es decir, se hacen realidad los temores de los observadores respecto a que la gendarmería es tan sólo una forma de mantener a los efectivos del ejército en tareas policiacas.

Lo anterior es especialmente curioso a la luz de una afirmación que aparece en el libro de reciente publicación y editado por la propia SEDENA titulado: La Secretaría de la Defensa Nacional en el esfuerzo de México en contra del crimen organizado, en cuyo prólogo se puede leer: “la permanencia del Ejército y la Fuerza Aérea en labores de combate a la delincuencia organizada ‘no puede ni debe en forma alguna prolongarse’, porque va en detrimento de las autoridades civiles”. Y si bien es cierto que la gendarmería de Peña Nieto no es el ejército en sí, en la práctica sus miembros operativos serán militares de carrera aunque, claro, falta ver si esta institución tendrá un directivo proveniente del ejército o será un civil.

Hay que agregar a lo anterior las declaraciones, siempre polémicas, del alguacil de Maricopa, Arizona, Joe Arpaio, quien se ha distinguido por el duro trato que ha dispensado a los indocumentados (aunque no solo a ellos) en la región a su cargo, y quien, a pesar de ello, fue reelegido recientemente para continuar con sus funciones. Este ex agente de la DEA dijo que México necesita más que dinero y helicópteros para combatir a la delincuencia organizada, y que lo que realmente le vendría bien a nuestro país es que efectivos tanto militares como policiacos estadounidenses crucen la frontera y lleven a cabo diversos tipos de operaciones para frenar la funesta acción de los cárteles de la droga.

Las palabras de Arpaio no deben caer en saco roto, toda vez que dichas operaciones se han llevado a cabo en México desde hace décadas, y que podrían experimentar un aumento considerable (para terror de los defensores de la soberanía nacional) bajo el nuevo gobierno priista, escudado en tratados de cooperación y, desde luego, con la creciente violencia a la vista como pretexto idóneo.

Pretexto que puede encontrarse cualquier día al abrir las páginas de cualquier diario. Municipio michoacano se queda sin policías y se pone en estado de sitio; ocupación de un municipio mixe en Oaxaca por militares, bajo pretextos absurdos; el cuestionamiento del pretendido abatimiento de una célula de supuestos narcos que buscaban rescatar el cuerpo de uno de sus jefes… Y la lista no se agota.

Sin embargo una nueva variable ha entrado en el juego: una reciente legislación en varias ciudades y estados de EUA que permite el consumo recreativo de marihuana, es decir, para pasar un “good time”, pone en entredicho la tradicional criminalización de las drogas en nuestro país, que ha sido la que finalmente ha originado que el negocio sea tan redituable como riesgoso.

Apenas comienza la administración de Peña Nieto y no podemos más que otorgarle el beneficio de la duda. Sin embargo, los pasos que ha dado, y los sucesos que hemos presenciado hasta el momento son signos negativos que permiten sospechar que los mexicanos sufriremos otro largo periodo (que esperemos no sea el sexenio completo) de erróneas medidas de seguridad, que no harán más que exacerbar la violencia, en lugar de reducirla.

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