lunes, 11 de febrero de 2013

Diputados podrán ser sometidos a proceso sin desafuero

la figura de fuero constitucional
El Economista.
El pleno de la Cámara de Diputados ratificará esta semana la minuta por la que se eliminará la figura de fuero constitucional, la cual será sustituida por el término “inmunidad constitucional”, con el fin de que los servidores públicos y representantes populares, incluido el Presidente de la República, puedan ser sometidos a proceso penal durante el desempeño de sus respectivos cargos y no hasta que sean desaforados por la Cámara Baja, como sucede hasta la fecha.

Actualmente, la Constitución establece en su Artículo 111, el cual se pretende modificar, que para proceder penalmente en contra de los diputados federales y senadores, gobernadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y locales, magistrados del Tribunal electoral de la Sala Superior y locales, consejeros de la Judicatura federal, secretarios de Estado, diputados y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, procuradores generales de la República y del DF, y consejeros electorales por delitos cometidos durante su encargo se requiere que la Cámara Baja declare la separación del cargo del inculpado, a través del llamado proceso de desafuero.

De ahí que de ratificarse por los diputados federales en los próximos días los cambios a los artículos 61, 111 y 112 constitucionales, aprobados por la Cámara de Senadores desde diciembre del 2011, todos esos funcionarios públicos y representantes populares, incluyendo ahora al mandatario mexicano, ya podrán ser sujetos de proceso penal durante el desempeño de sus cargos.

A la fecha, el Presidente de la República solamente puede ser sometido a juicio político.

Es decir, de ratificarse por la Cámara Baja y luego por al menos 16 congresos locales los cambios constitucionales referidos, mientras se lleva a cabo el proceso penal correspondiente, el servidor público o representante popular de que se trate podrá seguir en el cargo hasta que el juez dicte sentencia condenatoria en su contra.

Una vez iniciado el auto de vinculación a proceso en su contra, el inculpado podrá recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya resolución es inatacable.

Pero dictada la sentencia, el propio juez de la causa solicitará a la Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad constitucional para que el sentenciado sea separado del cargo y quede a disposición de la autoridad correspondiente.

Hecha la solicitud por el juez, la Cámara Baja tendrá como máximo diez días hábiles para resolver, por mayoría absoluta de votos, sobre el pedimento judicial, con audiencia del sentenciado.

“Si la resolución de la Cámara fuese negativa se mantendrá la inmunidad del sentenciado, pero ello no será obstáculo para que una vez concluido el ejercicio del cargo, las autoridades procedan conforme a la ley”, precisa la nueva redacción del Artículo 111.

Agrega que si la sentencia fuera condenatoria y si se tratara de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al sentenciado el indulto.

EL FUERO


  1.     El fuero constitucional consiste en la imposibilidad de activar el órgano jurisdiccional, local o federal, en contra de quien está investido del carácter de servidor público o representante popular, durante el tiempo de su encargo.
  2.     La inmunidad constitucional es un término utilizado a nivel mundial que otorga protección acotada, sin provocar excesos, y que consiste únicamente en no privar de la libertad.
  3.     Con las reformas que se pretenden desaparecerá el procedimiento para la declaración de procedencia; la separación o no del cargo del funcionario será votado de manera directa por el pleno de la Cámara de Diputados.

El coordinador priísta en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones Rivera, informó que los diputados federales de todas las fuerzas políticas se esmerarán para que pronto se tenga al Consejero Electoral que remplace a Sergio García Ramírez, quien renunció la semana pasada.

En un comunicado, se pronunció también por la autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
El Economista. 

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