miércoles, 6 de febrero de 2013

Linchamientos

Sergio Aguayo

Sergio Aguayo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) trata con ligereza a los comités de autodefensa guerrerenses.

En el inicio es el miedo y la desesperación. Aquí unos ejemplos: vecinos de San Mateo Huitzilzingo, Estado de México, en febrero de 2012, decían: "Estamos hartos de vivir en esta situación de zozobra y de pánico, esto ya no es vida". Cuando llamaban a la policía su respuesta era "¿de cuánto estamos hablando?". Vecinos de Ayutla, Guerrero, en enero de 2013, declaraban: "Ya no aguantamos a la delincuencia [los] malvados le cobran cuota hasta a la gente humilde que vende pan y semillitas en la calle".

Después viene la acción que varía con cada grupo. En febrero de 2012 los vecinos de San Mateo llegaron al límite y atraparon a tres presuntos delincuentes; primero los golpearon, luego los quemaron vivos. En Guerrero, docenas de comunidades han creado comités de autodefensa, colocado retenes y han detenido a 54 presuntos delincuentes.

La CNDH reaccionó diferente. Guardó silencio sobre los linchamientos en el Edomex, pero Guerrero le despertó el espíritu de cruzado. Para el presidente, Raúl Plascencia, Guerrero "debe alertar a las autoridades" para que provean "seguridad pública" y eviten que estas "acciones se reproduzcan y se rebase a las instituciones". Fue más allá. El sábado 2 de febrero solicitó al gobierno guerrerense la "aplicación de medidas cautelares, de manera indefinida" a favor de los 54 detenidos. Las autoridades de ese estado aceptaron rápidamente la petición.

La posición de la CNDH es intelectualmente vaporosa. Se preocupa porque Guerrero puede "rebas[ar] a las instituciones" sin reconocer que ya están rebasadas. Su petición de medidas cautelares fue aceptada pero las autoridades y fuerzas vivas guerrerenses tienen actitudes ambivalentes. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, elogia el trabajo de estos grupos porque las policías comunitarias existen desde hace 17 años y al multiplicarse en el último mes el gobernador optó por entregarles camionetas, uniformes y dinero para que compren balas. También son aplaudidos por gobernantes municipales y hasta el arzobispo de la Diócesis de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, reconoce que es "comprensible el uso de las armas" como recurso (temporal) de legítima defensa. Al mismo tiempo hacen lo posible por meter a los comités en un marco institucional.

Los próximos días serán decisivos en el forcejeo. Los comités de autodefensa retarán abiertamente al sistema judicial al juzgar a los 54 detenidos, y si los castigan, los mandarán a una reeducación inspirada en los usos y costumbres de los pueblos originarios. El Estado quiere a los detenidos y los comités de autodefensa se niegan a entregarlos.

Abel Barrera, el antropólogo que encabeza a Tlachinollan (un organismo civil de derechos humanos con sede en Tlapa, Guerrero), me explica telefónicamente los motivos de los indígenas: "quieren ser respetados en su decisión de juzgar y castigar de acuerdo con sus costumbres. Esto significa que en lugar de abogados los presuntos culpables serán defendidos por sus familias. Hay una razón práctica tras esta postura: las denuncias son colectivas porque sería peligroso que las hiciera una persona.
Tampoco quieren entregar a los detenidos porque lo más probable es que 'ellos' los liberen".

El asunto está plagado de dilemas endemoniados. De mantenerse el impasse, ¿llamará el gobernador guerrerense a las policías o a las Fuerzas Armadas para que rescaten a los delincuentes?, ¿y si el juicio y reeducación dan mejores resultados que el sistema que conocemos?, ¿quién es la víctima y quién el verdugo? ¿Cómo podemos conciliar derechos humanos, tradición y seguridad?, ¿ha llegado el momento de resucitar las Guardias Rurales que armaba, organizaba y entrenaba la Secretaría de la Defensa Nacional?

Estas son algunas de las preguntas que debería estudiar la CNDH, una institución muy rica (su presupuesto para este año es de 1,375 millones) que parece más preocupada por cuidar a las instituciones que por atender y entender a las víctimas de la violencia (que en este caso es la población afectada por las agresiones y los presuntos delincuentes).

La actuación de la CNDH en Guerrero es superficial e ignora la esencia de los dilemas planteados por Ernesto López Portillo Vargas: "La autogestión de la seguridad al margen de las instituciones públicas no es la causa, sino la consecuencia de la erosión de las propias instituciones" (Enfoque, Reforma, 27 de enero de 2013). Ya es hora que la Comisión de Derechos Humanos del Senado exija mejores resultados a la CNDH.

Aclaro mi posición: estoy contra linchamientos como los de Chalco y a favor de la autodefensa en condiciones como las de Guerrero. Es un asunto tan espinoso que seguiré comentándolo.

Colaboró Paulina Arriaga Carrasco. 

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