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jueves, 20 de junio de 2013


Auditorías, terreno fértil en corrupción


Auditorías, terreno fértil en corrupción
El Economista.
Las deficiencias en las leyes de fiscalización locales provoca que las auditorías superiores sean discrecionales, no frenen la corrupción y que en las cuentas estatales haya opacidad y nulas sanciones, determinó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Indicó que en 50% de las entidades, la legislación no obliga al Congreso a dar resultados o sanciones sobre el ejercicio de los vigilantes del uso de los recursos públicos.

Aimée Figueroa, investigadora de la UdG, explicó que uno de los problemas existentes en las Auditorías Superiores Locales en México es que al menos 10 auditores habían trabajado anteriormente en la Secretaría de Finanzas local, lo que ocasiona conflicto de intereses al investigar sobre el uso de los recursos públicos.

“Los gobiernos estatales se han acostumbrado a hacer mal uso de los recursos públicos, los ciudadanos a escandalizarnos temporalmente, pero no hay consecuencias”, lamentó Jana Palacios, directora de proyectos de Competencia y Buen Gobierno del Imco, al referir que tan sólo los desvíos de dinero de los últimos gobernadores de Morelos, Tabasco y Chiapas denunciados por las administraciones actuales suman 4,286 millones de pesos.

REPRUEBAN EN CUENTAS TRANSPARENTES


De acuerdo con el estudio “Auditorías Superiores Locales en México: Evaluación de su Normatividad, Prácticas y Transparencia” que elaboró el organismo privado en cooperación con la Universidad de Guadalajara (UdG), el promedio de calificación de la calidad de las legislaciones de los órganos fiscalizadores es de 78 en una escala de cero a 100, no obstante, las entidades federativas están reprobadas en la evaluación e información sobre el ejercicio del gasto que suben a sus portales electrónicos.

De las 32 entidades federativas, sólo siete (Nayarit, Nuevo León, Tabasco, Campeche, Zacatecas, Chihuahua y Guerrero) publican sanciones a funcionarios públicos corruptos, pero ninguna les da seguimiento a las mismas.

"La ola de escándalos de corrupción, endeudamiento y desvío de recursos a nivel local en México ha puesto en evidencia las fallas del sistema de rendición de cuentas. Tanto a nivel federal como estatal, los congresos son los responsables de fiscalizar el gasto público, en donde cuentan con auditorías superiores que son órganos técnicos y autónomos que se encargan de realizar las auditorías e iniciar procedimientos de sanciones”, mencionó la especialista.

No obstante, sólo ocho entidades cuentan con leyes que no lesionan la autonomía de las auditorías, esto es, no subordinan al órgano fiscalizador frente al Congreso en aspectos técnicos, como la selección de auditorías y no impiden que ésta elija a los funcionarios que la conforman (Coahuila, Colima, Oaxaca, Quintana Roo, Querétaro, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas).

Auditorías, terreno fértil en corrupción


El Economista.

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