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sábado, 20 de julio de 2013


Reforma energética, decisivo preámbulo

Liébano Sáenz

Liébano Sáenz. El PAN ha delineado su propuesta de reforma energética con precisión y claridad sobre los alcances de la inversión privada nacional y extranjera, uno de los temas centrales del debate. La actitud los hace verse decididos e innovadores; además, la postura de sus coordinadores parlamentarios en las Cámaras muestra que existe un principio de unidad en torno a la propuesta. El PRI ha respondido con prudencia y el PRD ha expresado abiertamente su rechazo, a grado tal que uno de sus voceros en la Cámara de Diputados, el vicecoordinador Alonso Raya, la ha calificado como una venta encubierta de Pemex.

El PAN actúa con la premisa de que los monopolios públicos o privados no son sanos, tesis cuestionable si se lleva a todos sus extremos. Lo importante es que las fuerzas políticas coincidan en que la situación no puede seguir igual; en que las empresas de energía deben ser puntales para el desarrollo económico del país y, por lo mismo, en la necesidad de revisar el marco legal que impide su modernización y su actualización en el nuevo entorno tecnológico y económico del sector y del país. No es materia de consenso, sino de elemental realismo el hecho de que los mexicanos pierden si continúa el orden de cosas en esta materia.

El consenso para la reforma se mueve en tres planos: el de las élites, que casi en su totalidad se inclinan por una reforma profunda; el de la sociedad, que muestra una postura dividida, aunque su motivación creciente se dirige a los posibles beneficios económicos inmediatos como la baja de tarifas y costos de los de por sí muy subsidiados productos energéticos; y el de la pluralidad política y legislativa, con una aparente posición irreductible del PRD contra la modificación del artículo 27 de la Constitución y, por lo que se advierte ahora, una postura aperturista del PAN. El gobierno y el PRI deberán negociar con todas las fuerzas políticas y, como se anticipa, lograr un acuerdo que difícilmente dejará satisfechas a todas las partes.

Por lo pronto, llama la atención que el PAN presente una posición al margen del Pacto por México. Esto revela que el acuerdo no cancela el derecho de las fuerzas políticas para plantear su posición respecto de los temas en la agenda nacional. Sin embargo, no deja de llamar la atención, por donde se le quiera ver, que el PAN y el PRD celebren alianzas para vencer electoralmente al PRI, pero mantienen posturas radicalmente opuestas al momento de gobernar o decidir legislativamente en temas fundamentales de la agenda social y política, como se muestra en la reforma energética. El PAN está más cerca de la propuesta del PRI que de la de su aliado al que hizo crecer con su capital electoral a cambio de casi nada.

La dirigencia del PRD plantea una fórmula para conciliar el consenso político con el social a través de un referéndum. La idea es sugerente, pero impráctica y cuestionable. Lo primero, porque los mecanismos de consulta directa han probado su fracaso en el país, y además favorecen la polarización y el simplismo en una decisión que requiere más argumentación y mucho menos pasión. Y es cuestionable porque la democracia representativa, como se ha diseñado en la Constitución, implica que los cambios sean definidos por el Congreso o el Constituyente permanente. En todo caso, queda en manos de los partidos organizar sus propios mecanismos de consulta, si lo que pretenden es alinear su postura con lo que algunos, muchos o todos creen respecto de los temas y disyuntivas del debate nacional.

Una discusión abierta, como la que ahora inicia el PAN, demanda una respuesta cuidada y razonada por parte de quienes apoyan o disienten. Poco contribuye la descalificación o la adhesión acrítica. El tema es sumamente complejo, de la mayor relevancia para la economía nacional y crucial para el futuro de la industria energética. El Pacto por México ha mostrado ser un foro eficaz para el acuerdo y para facilitar el trabajo legislativo ulterior. Es conveniente que en su seno haya lugar para la deliberación y para el acercamiento de posiciones. Pero este escenario no debe ser camisa de fuerza para que los partidos se manifiesten y, eventualmente, para que la mayoría legislativa en el Congreso resuelva lo conducente.

El PRD ha sido clave en muchas de las reformas recientes. Nuevamente tiene sobre sí la oportunidad y la obligación de contribuir al acuerdo. El avance de las fuerzas políticas ocurre cuando resuelven actuar más allá del conservadurismo en su interior. Todos los partidos con historia —PAN, PRI y PRD— contienen diversidad de fuerzas internas y buscan un equilibrio entre quienes se resisten al cambio y los que lo promueven. Lo cierto es que el país requiere reformas y la única manera de que éstas transiten hacia el proceso legislativo es la prevalencia de los segmentos reformadores. Si el PRD concede ante quienes prefieren que las cosas continúen igual, perderá la oportunidad de sumarse al proceso transformador que ha cobrado impulso desde que se instaló la actual legislatura.

Es natural que el partido gobernante, independientemente de la ideología o tradición política que suscriba, mantenga mayor pragmatismo. La izquierda en el gobierno es mucho más reformadora que en la oposición; la presencia del PAN en el gobierno lo ha hecho transformarse y entender con mayor claridad sus responsabilidades con el país. El PRI tiene de origen capacidad para la negociación y predisposición a la reforma. La disciplina en su interior y la habilidad de sus cuadros han permitido, en muy poco tiempo, lograr acuerdos impensables con la oposición. Los cambios son mérito de todos: de quien gobierna y de las fuerzas políticas que integran la pluralidad.

Una buena reforma no debe ser rehén del consenso circunstancial. Su impulso es la convicción de quienes la suscriben por la validez y calidad de los cambios, quizás éstos difíciles de entender y, para algunos, de apoyar. Por esta consideración, el debate sobre la reforma deberá plantear que el acuerdo, de inicio, no sea total, sino resultado de una mayoría reformadora con determinación y claridad de objetivos y de instrumentos, para así dar respuesta a uno de los más graves y urgentes temas en la agenda nacional.

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