México vive días de peligro. Una conducción descuidada de las leyes reglamentarias de la educación ha generado un enfrentamiento social. La prisa por imponer la Ley general del servicio profesional docente violentó los procedimientos legislativos y dejó fuera de la consulta y negociación a los maestros. Al cerrarse los cauces institucionales, se radicalizó la protesta de la Coordinadora.

Las iniciativas de diálogo que nosotros propusimos entre la Coordinadora y los legisladores se han dificultado en la medida en que los representantes del PRI carecen de márgenes de negociación.

La única manera de destrabar el enfrentamiento es que el Presidente de la República abra un espacio real de negociación y que los secretarios responsables, de Gobernación y Educación Pública, conduzcan con la voluntad política de resolver el conflicto.

La falta de diálogo real y sincero a lo único que puede conducir es a la radicalización de las posiciones y a alimentar un clima de opinión aún más dividido, en el que cada una de las partes busca la derrota, la casi aniquilación del adversario.

Parecería que deliberadamente se contribuye a crear un ambiente de intolerancia y exclusión que facilite el uso de la fuerza pública para terminar con las movilizaciones magisteriales. Con gran irresponsabilidad se alimenta el encono, casi el odio social, sin prever lo que vendrá después. La represión a un movimiento social no haría sino minar la legitimidad de la autoridad y exacerbar los odios y el radicalismo.

Gobierno y Coordinadora tienen la responsabilidad de frenar el uso de la violencia y abonar a una solución democrática y civilizada. La autoridad tiene una responsabilidad aún mayor porque en sus manos están los instrumentos de coerción y la influencia sobre los medios masivos de comunicación. Tomar en cuenta a la pluralidad, respetar a las minorías y abrirse a una negociación verdadera no es un acto de debilidad: es el uso responsable del poder.

En una situación económica restrictiva, ante disputas políticas mayores sobre el petróleo y los impuestos, con un calendario apremiante, el gobierno haría bien en ser cauteloso y prudente. Debería abrir de par en par las puertas del diálogo, tomar decisiones que ayuden a reducir la desconfianza y utilizar su influencia en los medios con un propósito deliberado de desmontar el clima de confrontación y exclusión que hoy prevalece.

Coordinadora, SNTE, Congreso de la Unión, Poder Ejecutivo y gobierno del Distrito Federal tenemos la responsabilidad de contribuir a una solución política que tome en cuenta los derechos de los habitantes de la Ciudad de México, los derechos de los maestros, las oportunidades de los niños y la conservación de una convivencia democrática que se funde en el respeto a los derechos de todos, con el reconocimiento de la enorme diversidad y pluralidad que caracteriza a México.

Las decisiones de las próximas horas definirán el futuro de este sexenio. El Ejecutivo, a través del gabinete y sus bancadas parlamentarias, debe contribuir a generar las condiciones para un proceso legislativo incluyente en la educación y en los temas que vienen. Construyamos entre todos una mejor ley y optemos por un método democrático para resolver nuestras diferencias. De eso no nos vamos a arrepentir. 

Redacción PMI. 

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