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sábado, 14 de diciembre de 2013


Trascendente, pero no suficiente

Liébano Sáenz

Liébano Sáenz. La Presidencia es la institución fundamental del sistema político mexicano. Lo es, aun con sus límites constitucionales y políticos, que se acentúan cuando el Ejecutivo no tiene mayoría afín en las cámaras federales. Para gobernar, un presidente tiene que trabajar conjuntamente con el Congreso y construir una mayoría política que permita la aprobación del gasto público y nombramientos importantes. También es fundamental que así sea para dar curso a las transformaciones que el país requiere. La integración de las dos fuerzas políticas opositoras a los acuerdos ha sido virtuosa, pero también ha significado una dificultad política mayor. Una vez que ha concluido el periodo de sesiones y ante el plazo autoimpuesto por el Ejecutivo federal para hacer realidad reformas fundamentales, el balance es alentador y positivo. Lo es para el Presidente, también para las distintas fuerzas políticas y, en esencia, lo es, y mucho, para el país.

Previo al reciente periodo de sesiones, fueron relevantes las reformas educativa y de telecomunicaciones; en el último, lo fueron, singularmente, la política y la de energía. Por sus implicaciones, este primer año en su conjunto, significa un antes y un después en la vida del país. México ratifica así la vía institucional como vehículo para las grandes reformas, y la política mexicana reivindica su potencial de transformación. Lo importante es que estos cambios no son originados por una crisis, sino por la determinación compartida para actuar frente a los grandes retos que impone un nuevo mundo.

Se requiere perspectiva para entender nuestro tiempo y sus acontecimientos. La intensidad del debate y la cotidianeidad de lo político impiden interiorizar el verdadero significado del cambio. En el exterior se aprecian mejores condiciones para valorar el tiempo de México; de allí el amplio reconocimiento al país, a sus políticos y a la Presidencia. Sin embargo, hay que tener reserva pues con frecuencia se trata de perspectivas parciales y, en algunos casos, claramente interesadas. Lo mejor es el esfuerzo de cada cual a favor del entendimiento en este proceso transformador y el cumplimiento de las responsabilidades que a cada uno atañen. Esto es relevante porque se necesita dar continuidad a las reformas y concretarlas en todo lo que entrañan. Lo más, ya fue logrado; lo menos, aunque igualmente crucial, es empresa más sencilla.

Es natural que los cambios se acompañen de resistencias, a veces excesivas y vehementes; pero éstas no deben ni desdeñarse ni llevar a la confrontación. La mayoría ha tomado su decisión y ahora corresponde impulsar los cambios con decisiones de autoridad o con los cambios legales subsecuentes. Aún queda mucho por hacer y es de sentido común admitir que falta tiempo para que los cambios puedan tener impacto en el bienestar del país y de los mexicanos. Por ejemplo, el lamentable estado que guarda la educación pública en el país requerirá un horizonte que trasciende al de esta administración para mostrar una mejoría importante en los indicadores.

Queda una larga agenda de temas pendientes y, aunque el PRD ha manifestado su decisión de retirarse del acuerdo, la agenda del Pacto por México nos muestra lo mucho que falta por hacer. El Distrito Federal demanda una reforma política más allá de lo que pudiera verse como una concesión hacia la izquierda o a la autoridad local gobernante. El campo mexicano también espera una gran transformación, al igual que el régimen de desarrollo y reordenamiento urbano. En materia de salud también hay acciones pendientes, si bien no todas del orden legislativo. El nuevo modelo policial que busca fortalecer las instituciones de seguridad de los estados es indispensable para mejorar los indicadores en esta materia.

Además, algunos aspectos de lo ya aprobado deben ser motivo de reconsideración o ajuste. Al PAN le corresponde tomar la iniciativa para corregir los errores y omisiones en la reforma política impuesta al calor de la negociación. Hay consenso en los sectores más relevantes y con mayor familiaridad a la complejidad electoral que entraña la implementación del Instituto Nacional Electoral. Como se concibió, no generará certeza, tampoco elecciones más confiables, y sí puede significar un deterioro de lo que actualmente existe, además de costos económicos todavía no calculados. Tal como fue aprobada la reforma será sumamente difícil que los Congresos locales den curso a un cambio que lleva a la confusión, al conflicto entre órganos electorales y que, especialmente, tiene un claro corte centralista. Insisto, quienes deben tener la iniciativa para revisar lo aprobado deben ser los promotores del cambio. No se trataría de faltar a la tesis fundamental de garantizar imparcialidad en los órganos electorales locales, se buscaría, simplemente, impedir un daño que puede ser aún más grave que la deficiencia identificada.

Culminar la reforma en materia de telecomunicaciones es obligación legal y, además, requisito para garantizar la certeza requerida para transformar el sector y propiciar la inversión. De igual manera, los congresos locales deben materializar los cambios que corresponden a la nueva normatividad constitucional en materia de educación. Lo que se avecina en energía demanda una amplia legislación que dé certeza al cambio constitucional. Los excesos retóricos de algunos de los legisladores de la izquierda crean y recrean fantasmas, así como amenazas ficticias que es importante despejar con una legislación ordinaria. Efectivamente, lo alcanzado es muy importante, tiene carácter histórico, como atinadamente lo calificó Ricardo Anaya, presidente de la Cámara de Diputados, pero no es suficiente; se avizora una intensa jornada legislativa en los meses por venir.

Una vez concluido este periodo de sesiones, la reconciliación demanda su espacio. El PAN se asume agraviado por la reforma fiscal y el PRD por la de energía. En el PRI también hay voces que consideran que ha habido concesiones excesivas o indebidas a las oposiciones. La reconciliación no debe ser coartada, menos si es para desviar o frenar el impulso reformador; no olvidemos que es el mejor recurso para andar el camino de civilidad impuesto el Pacto por México. Después de los cambios alcanzados, su mejor legado es un nuevo contexto de entendimiento y de respeto entre las fuerzas políticas y la autoridad. Importante lo alcanzado, pero no suficiente.

http://twitter.com/liebano 

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