Daniel Higa. Cuando parecía que la brecha digital se empezaba a acortar, cuando un porcentaje considerable de la población en México tiene acceso a internet y a dispositivos tecnológicos que facilitan el uso de la mega red, ahora el gobierno ha presentado una iniciativa dentro del paquete de las leyes secundarias de telecomunicaciones, en donde deja flotando en el aire la palabra “censura”.

Según el INEGI, 45 millones 108 mil 655 personas tienen acceso a internet en todo el país. Dentro de las principales actividades de los usuarios, 87% lo usa para enviar y recibir mails, 84% busca información en la red y 82% entra a las redes sociales mientras está conectado y 61% también envía mensajes instantáneos.

Es decir, los usuarios utilizan su conexión para mantener comunicación con alguien más y entablar relaciones sociales. Ahora bien, para nadie es un secreto que las redes sociales se han convertido en uno de los principales escaparates para informar, organizar y convocar acciones para manifestar el rechazo o el apoyo hacia ciertos sucesos de la vida cotidiana.

En la iniciativa que mandó Enrique Peña Nieto al Senado, hay algunos artículos que han causado mucha preocupación entre la sociedad. Uno es el artículo 197, que en su fracción VII, se especifica que los concesionarios podrán suspender la señal en determinadas áreas y eventos a petición de las autoridades.

“Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”, dice a la letra esta fracción.

Sin especificar qué parámetros van a utilizar para determinar que tan “crítico” es un evento o un “lugar”, o a qué se refieren con “seguridad nacional”, el hecho de “bloquear, inhibir o anular” las señales es una forma inherente de represión y un atentado contra la libertad de expresión y de información que tenemos todos los ciudadanos y que incluye el uso de todos los medios tecnológicos disponibles para ello.

Así, el artículo 189 de esta iniciativa contempla que los concesionarios de telecomunicaciones están obligados a “proporcionar la localización geográfica en tiempo real, de cualquier tipo de dispositivo de comunicación a solicitud de los titulares de las instancias de seguridad o de los servidores públicos en quienes se delegue esta facultad”.

Otros son el 190, 191 y 192, que obligan a los concesionarios a conservar un registro de los usuarios y tener un control sobre sus comunicaciones, al menos durante los últimos dos años.

Esta información podrá ser usada por el gobierno de forma automática si así lo cree conveniente según sus intereses. Algo que para los expertos abre la puerta para establecer un régimen de espionaje legalizado. Sería la materialización del “Big Brother” oficial –si es que no existe todavía-.

No hay que olvidar que varios gobiernos del mundo –74 para ser exactos- pidieron a Facebook y a otras empresas como Microsoft y Google, datos sobre 38 mil de sus usuarios en 2013. Más de la mitad de estas peticiones la hicieron autoridades de EU.

En México, el gobierno federal siguió de cerca a 212 usuarios de esta red social, al menos en el segundo semestre del año pasado.

Es decir, la presión oficial para conocer datos personales y hacer uso de ellos es una práctica mundial, pero parece que con la iniciativa de ley presentada por el gobierno federal, se quiere simplemente legalizar estas acciones.

Siendo mal pensados, en el ámbito social parece que es la venganza perfecta de Peña Nieto y su equipo en contra de movimientos como el #YoSoy132, que se formó en las redes sociales, creció como virus por la red y salió a las calles para manifestarse en contra del candidato que ahora es el presidente.

De igual forma, bloqueando señales de telecomunicaciones, las manifestaciones sociales “peligrosas” quedaran prácticamente aisladas si se aprueba como tal esta iniciativa, ya que seguramente muchas de ellas serán el motivo para crear una burbuja virtual sin internet y otros medios de comunicación para aislarlas del mundo y sin posibilidad de informar en tiempo real lo que sucede en las calles mientras marchan y protestan.

Pero seguramente esta iniciativa tiene también otras implicaciones que sí están relacionadas con la seguridad nacional como tal. El problema es que no se especifica cuáles son y bajo que marcos regulatorios o circunstancias se aplicaría.

Por eso decimos que las palabras “censura” y “represión” quedan flotando en el aire. Hasta ahorita, nada nos asegura que las facultades que otorga esta iniciativa a las autoridades para “bloquear” señales de telecomunicaciones y para pedir información personal de los usuarios, vayan a ser utilizadas en beneficio estricto de la población y no como una forma de represión moderna.

Perdón por la desconfianza, pero es que en México avanzamos un pasito y retrocedemos dos… o tres o cuatro.

Y por cierto, se quejaban de “países antidemocráticos” como Cuba, Venezuela y China por censurar y vigilar a los usuarios de internet, ¿ahora resulta que es lo correcto…? 

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