“En política, la línea recta casi nunca es la distancia más corta entre dos puntos”.

Jesús Reyes Heroles

La propuesta del PRI de reducir a la mitad el número de diputados electos por representación proporcional y dejar la Cámara en 400 legisladores, y de desaparecer a los senadores electos por lista, abre una excelente oportunidad para un debate que, pese a su alta importancia, estaba en el olvido. Ante la crisis del sistema de representación, el modelo mixto de legisladores electos por mayoría simple y por representación proporcional requiere ser revisado. Los ciudadanos no se sienten representados por sus legisladores y la situación se agrava cuando el encargo procede de una lista definida por las cúpulas de los partidos sin una explícita participación de los ciudadanos.

Me parece que la representación proporcional en el Senado desvirtúa a la institución. Su introducción correspondió a un propósito legítimo: atemperar, con votos más regionales, la sobre representación de los partidos, especialmente del PRI. La solución no fue la más adecuada, toda vez que anuló el sentido originario del Senado de la República, que es la representación igualitaria de las entidades del país.

En el caso de la Cámara de Diputados, el tema es mucho más problemático y controvertido. En primer término hay que señalar dos propósitos que siempre han estado en tensión: por una parte, la gobernabilidad de la Cámara a partir de la facilitación de mayorías y, por la otra, la representatividad de la pluralidad, sobre todo en un país tan diverso y complejo como México. El sistema mixto busca conciliar los dos objetivos pero privilegia al segundo.

Al respecto, los tres grandes partidos comparten un ingrediente de hipocresía con respecto a la pluralidad. Desde hace tiempo se ha inhibido la formación de nuevos partidos y se ha dificultado la continuidad de los partidos pequeños ya existentes. En algunos casos se ha optado por salidas irrefutables como la de la reforma de 2007, que sometió a los partidos a la prueba de los votos y evitó que se atuvieran, como sucedía hasta antes de esa reforma, al convenio de coalición. Otras respuestas son aún más discutibles como la de establecer periodos de seis años para la formación de nuevos partidos o la de elevar de 2% a 3% el umbral de votos emitidos para mantener el registro.

En la imaginación de los ciudadanos hoy en día, los partidos son impopulares, al igual que sus representantes en el Congreso. En una consulta, los planteamientos sobre la existencia de muchos partidos o la disminución de legisladores seguramente obtendrían aval mayoritario, aunque el PRI no tiene ventaja en esta última (específicamente en el caso de representación proporcional), toda vez que existe un candado de sobrerepresentación de 8%. Me explico:

El PRI es el partido con mayor capacidad para ganar distritos, ya que su votación está menos concentrada por regiones. Si sucediera lo mismo que en la pasada elección intermedia, cuando ganó 184 distritos con un porcentaje efectivo de 39.5, en el supuesto de una Cámara de 400 diputados solo tendría derecho a 6 diputados de representación proporcional, ya que la Constitución determina 8 puntos porcentuales de sobrerepresentación. Esto significa que, en el supuesto de la consulta que el PRI propone, hoy no hubiera podido tener más de 190 diputados en total. Los otros 94 diputados plurinominales estarían repartidos entre los demás partidos, mayoritariamente el PRD y el PAN.

Bajo esta consideración, llama la atención que el PAN y el PRD hayan reaccionado excesiva y negativamente a una propuesta que, lejos de afectarlos, iría en el mismo sentido de su añejo anhelo: disminuir a los partidos pequeños y al mismo tiempo reducir el tamaño de la bancada del PRI en la Cámara. Por cierto, las propuestas referentes a la integración de los órganos legislativos no son de carácter electoral, sino político, a menos que tengan que ver con la organización de comicios, conteo de votos, difusión y calificación de resultados, que no es el caso de la propuesta del PRI.

Más allá de los aspectos numéricos, es necesario atender la vinculación de los ciudadanos con sus representantes legislativos. Aunque el costo de los poderes públicos no es un tema menor, considero que tiene otra importancia. Es posible que a nivel popular, el ahorro y la reducción del número de legisladores sean temas ampliamente aceptados; sin embargo, la cuestión fundamental es cómo mejorar la relación entre diputados y ciudadanos, especialmente en el caso de la representación proporcional, toda vez que son las dirigencias de los partidos las que determinan quiénes acceden al Congreso. Hace algunos años, había una boleta especial para elegir a los pluris, pero aun así, se trataba de un sistema de listas bloqueadas y cerradas que eran, como son hoy, designadas por las dirigencias de los partidos y cuya razón de ser, considero, ya no aplica.

La reforma fundacional de 1977 buscó la integración de las fuerzas políticas a la Cámara de Diputados; de ahí que se concediera a aquellas el poder de decidir quienes serían sus representantes legislativos. Ahora debemos pensar en un sistema que concilie la representación de la pluralidad con la representatividad de quienes arriban a la Cámara. Para ello es indispensable desbloquear la lista de candidatos a diputados plurinominales y, en este sentido, lo de menos es que sean 100 o 200.

Desbloquear significa transferir a los ciudadanos la discrecionalidad que ahora aplican las dirigencias partidistas para definir los lugares preferentes y, consecuentemente, las personas que llegarán a la Cámara. Para ello habría que aumentar las circunscripciones regionales, quizás 10 o 20, y promover que sean los ciudadanos quienes definan con su voto a los aspirantes de su preferencia. En realidad el sistema sería similar al actual pero con una diferencia fundamental: quienes lleguen a la Cámara, al igual que los electos por mayoría simple, lo harían por mandato ciudadano.

Más allá de la propuesta de una consulta ciudadana, es necesario un debate para mejorar el sistema de representación política. Los partidos deben abrirse más a la sociedad y para ello es fundamental que la definición de candidatos, cada partido la realice a través de una verdadera democracia interna, que sean los militantes y no sus cúpulas quienes elijan a los candidatos con los que van a salir a competir con los candidatos de otros partidos. Será la mejor manera de salvaguardar el derecho ciudadano a ser elegido y de convertir al voto en sustento y referencia para la integración de la Cámara.

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