Donantes políticos estadounidenses se meten en el juego offshore

En junio del 2013, The Wall Street Journal le preguntó al mega donante republicano, Warren Stephens, sobre la situación de las pequeñas empresas en todo el país. El magnate bancario de Arkansas dijo que éstas estaban siendo exprimidas por la regulación federal excesiva, y señaló a una agencia en particular: la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés).

"Las historias que escuchamos al respecto son bastante aterradoras", afirmó el multimillonario.

Lo que no se mencionó: En ese momento, el mismo organismo de control federal denostado por Stephens se hallaba investigando las prácticas de un ‘payday lender´ (prestamista de nómina) -empresas especializadas en hacer avances en efectivo con muy elevados intereses- que funcionaba por internet, y que había formado parte de su imperio empresarial.
Una filtración de registros financieros offshore reveló que Stephens había utilizado silenciosamente un conjunto de fondos fiduciarios familiares para comprar una alta participación en la matriz de la compañía de préstamos Integrity Advance, en un periodo de tiempo durante el cual, de acuerdo con la agencia federal, el prestamista estafó a decenas de miles de consumidores. La agencia dice que Integrity Advance violó la ley al engañar a los prestatarios acerca de los altos costos de sus préstamos, y extrajo dinero agresivamente de sus cuentas bancarias.

Los detalles de los vínculos de Stephens con el ‘payday lender’ fueron descubiertos en un trabajo conjunto del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y medios asociados de todo el mundo. Las revelaciones surgieron de una colección de casi siete millones de archivos filtrados del bufete de abogados offshore, Appleby Global, y el proveedor de servicios corporativos Estera, dos negocios que operaron juntos bajo el nombre Appleby, hasta que Estera se independizó en 2016. Los registros fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung.

A través de un portavoz, Stephens declinó hacer comentarios para esta historia.


Republicanos y demócratas


Stephens es uno en la constelación de grandes donantes políticos de Estados Unidos, conectados a compañías offshore que aparecen en los archivos internos de la firma de abogados.

La lista incluye algunos de los principales donantes del presidente Donald Trump, quienes aportaron en conjunto cerca de 60 millones de dólares a organizaciones que apoyaron su campaña y el período de transición entre su elección y su toma de posesión. Entre ellos están el magnate de los casinos, Sheldon Adelson, el propietario del resort, Steve Wynn, los administradores de fondos de cobertura, Robert Mercer y Paul Singer, y los inversionistas de capital privado, Tom Barrack, Stephen Schwarzman y Carl Icahn. (Haga clic aquí para ver el informe interactivo de ICIJ que muestra la red de propiedades offshore que se relacionan con donantes de Trump y algunos funcionarios de su gobierno).

Destacados donantes demócratas aparecen también en los archivos de la firma de abogados.

Los documentos plantean interrogantes sobre si la donante demócrata, Penny Pritzker, siguió correctamente las normas federales de ética, las cuáles buscan limitar la participación de políticos en asuntos gubernamentales que podrían afectar sus activos financieros. Pritzker se comprometió a desprenderse de más de 200 compañías después de ser confirmada como Secretaria de Comercio del presidente, Barack Obama, en 2013. Los archivos revisados por ICIJ muestran que, en dos casos, Pritzker transfirió activos a una compañía propiedad del fondo fiduciario de sus hijos. Los documentos demuestran que esta firma tiene la misma dirección postal en Chicago que la empresa de gestión de inversiones de Pritzker.

Es posible que estas transferencias no hayan eliminado potenciales conflictos de interés, y que hayan contravenido las normas federales de ética, de acuerdo con Lawrence Noble, director de ética en el Campaign Legal Center, una organización no partidista y sin fines de lucro. Los registros públicos indican que una de las hijas de la donante tenía menos de 21 años cuando se transfirieron los activos, lo que significa que estos aún podían ser atribuibles a la propia Pritzker. "En circunstancias normales, si uno de los beneficiarios es menor de 21 años y aún es un hijo dependiente, no cumple con el estándar de desinversión de activos", dijo Noble.

Un vocero de Pritzker no respondió a numerosas llamadas y correos electrónicos pidiendo comentarios.

Los fondos de capital privado controlados por el mega donante demócrata, George Soros, recurrieron a Appleby para ayudar a administrar una red de entidades offshore. Un documento detalla la compleja estructura de propiedad de una compañía llamada S Re Ltd, la cual estuvo involucrada en reaseguros, o seguros para aseguradoras. La estructura, según se puede ver en un gráfico existente en los archivos, incluye entidades basadas en los paraísos fiscales de Bermuda y las Islas Vírgenes Británicas.

Un portavoz de Soros, quien ha donado dinero a ICIJ y a otras agencias periodísticas a través de su organización benéfica, Open Society Foundations, no quiso hacer ningún comentario para esta historia.

Las revelaciones de los documentos filtrados sobre las actividades offshore de importantes donantes políticos estadounidenses subrayan las preocupaciones acerca cómo el sistema global de paraísos fiscales ayuda a los ricos y poderosos a realizar operaciones que, a pesar de ser legales, les brindan ventajas que no están disponibles para el ciudadano promedio.

En los últimos años, el propio Warren Stephens ha sido un donante político cada vez más generoso. Durante el último ciclo de elecciones federales, Stephens entregó más de 13 millones de dólares a grupos y candidatos conservadores, convirtiéndose en el octavo benefactor republicano más grande durante el ciclo de campaña. Stephens se opuso a Trump en la campaña presidencial, y donó millones de dólares a grupos anti-Trump.

Stephens también dio dinero a grupos que han luchado para debilitar a la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, creada a instancias de la administración Obama tras la crisis financiera de 2008. Durante la campaña del año pasado, Stephens contribuyó con más de tres millones de dólares al Club For Growth, un comité conservador de acción política que ha presionado para que el Congreso elimine los poderes de reglamentación y aplicación de la CFPB. El año pasado, Stephens fue nombrado presidente de finanzas de la campaña de French Hill, un congresista republicano de Arkansas y feroz opositor de la CFPB.

Además de financiar batallas partidistas en Washington, Stephens ha utilizado su banco de inversión, Stephens Inc., para lanzar una serie de videos en línea que buscan mejorar la opinión de los millennials sobre la economía de libre mercado. La serie pretende inspirar a los espectadores a "celebrar el capitalismo, su contrato social inherente y el bien que puede traer a nuestra sociedad", de acuerdo con Stephens. Él afirma que su objetivo es revertir la noción creciente de que el mercado libre es "un sistema que enriquece a unos pocos a expensas de muchos".


Batallas de ‘payday’


La batalla por los préstamos ‘payday’ comenzó mucho antes de que Stephens comenzara con su participación bajo el radar en la industria.

Los ‘payday lenders’ hacen préstamos pequeños, a menudo de 500 dólares o menos, a prestatarios que necesitan dinero rápido. Los reguladores estatales han acusado a muchos operadores de ‘payday’ de atrapar a sus clientes en ciclos de deudas sobrevaluadas. Algunos prestamistas de ‘payday’ han intentado eludir el escrutinio de las autoridades estatales usando bancos comerciales, e incluso a tribus nativas de Estados Unidos, como organizaciones fachada.

A finales de 2011, los representantes de Stephens y su socio comercial, James Carnes, contactaron a Appleby para incorporar dos entidades offshore en una nueva empresa relacionada con préstamos minoritarios. La correspondencia incluyó un grupo de documentos que detallan la copropiedad de la pareja en la compañía matriz de Integrity Advance, Hayfield Investment Partners. Los documentos consignan que Stephens realizó una "inversión significativa" en la compañía en 2008, convirtiéndolo en dueño de más de un tercio de Hayfield en 2012. El mismo documento asienta que los "dos controladores principales [de Hayfield] son Warren Stephens y James Carnes".

Un conjunto de documentos filtrados muestra que Stephens se involucró en la operación de préstamo, principalmente, a través de tres fideicomisos familiares, los cuáles invirtieron más de 13 millones de dólares en Hayfield. Dos fondos de inversión, con direcciones registradas en la sede central de Stephens Inc., contribuyeron con 1.7 millones de dólares adicionales, de acuerdo con los registros.

Los documentos también prueban que varios ejecutivos de Stephens Inc. y otros conocidos de Warren Stephens invirtieron en Hayfield a través de una compañía asociada con Stephens. Entre ellos se encuentra la estrella de golf, Phil Mickelson, quien aportó 12,000 dólares, según los documentos.

En su acción legal contra Integrity Advance, la CFPB hizo énfasis en que Carnes era dueño del 52% de la participación accionaria de Hayfield –empresa que obtuvo la mayor parte de sus ganancias de Integrity Advance–, así como en el hecho de que él mismo era el administrador de la empresa prestamista. Sin embargo, parece que ni los reguladores financieros, ni los medios de comunicación, han mencionado alguna vez la importante participación de Stephens en Hayfield.

Citando un litigio pendiente, un vocero de James Carnes se negó a proporcionar comentarios para este informe.

Quejas de los prestatarios


A medida que el negocio de Integrity Advance creció, también aumentaron las quejas presentadas a los reguladores estatales por sus prestatarios en todo el país. Para noviembre de 2012 Integrity Advance había recibido cartas de ‘cese y desista’ [documento enviado a personas o empresas para que suspendan sus actividades] de los reguladores estatales en Connecticut, Kentucky, Illinois, Mississippi y Carolina del Sur, de acuerdo con documentación federal. En mayo de 2013, un tribunal del distrito de Minnesota ordenó a la compañía pagar casi ocho millones de dólares en multas civiles y reparación de daños para víctimas, afirmando que la empresa había elegido como blanco “a algunos de los ciudadanos más vulnerables financieramente en el estado", aplicándoles tasas de interés de hasta 1,369%.

En su fallo contra Integrity Advance, el tribunal de Minnesota describió un proceso que se volvería familiar en los documentos regulatorios que involucran al prestamista: los prestatarios se enteraron de la existencia de Integrity Advance en internet, solicitaron pequeños préstamos y sufrieron grandes retiros de sus cuentas bancarias por concepto de intereses y tarifas de servicios. Después de varios meses, los costos excedían por sí solos la cantidad del préstamo original.

Uno de los prestatarios, Nils Paul Warren, técnico de audio que trabajaba para NASCAR en Orlando, Florida, denunció ante los reguladores financieros del estado que se había visto obligado a desembolsar más de 1,300 dólares para pagar un préstamo en línea a corto plazo de 500 dólares, el cual obtuvo de Integrity Advance en 2009 –una suma mucho más alta de lo que esperaba o creía legal–.

"Creo que la mayor parte de sus clientes son personas que están a un sueldo de distancia quedarse sin techo", dijo Warren a ICIJ en una entrevista reciente.

Warren recuerda haberle preguntado a un representante de Integrity Advance: "Le estás haciendo esto a personas en mala situación, a personas que sabes que no pueden pagarte en primer lugar, ¿y te estás aprovechando de ellas aún más?".

Warren afirma que el Estado nunca respondió a su queja.

Nils Warren no fue el único prestatario que contactó a funcionarios del Estado por asuntos relacionados con la empresa prestamista. Una solicitud de información pública solicitada por ICIJ a reguladores estatales en todo el país arrojó docenas de quejas de consumidores por las prácticas de préstamo y cobranza de la compañía.

"Quedé devastado con esta situación, y estoy al borde del desalojo debido a sus tarifas ilegales", afirmó una queja de un prestatario de Michigan, quien alegó que se sintió acosado por los cobradores del préstamo de Integrity Advance.

"Llaman constantemente a mi trabajo", escribió una mujer de Ohio en una queja en la cual alegaba que ya había pagado un total de 956 dólares por un préstamo de 400 dólares. Según ella, al principio los cobradores del préstamo "dijeron que eran del FBI".

Los registros públicos muestran que Integrity Advance respondió a las quejas de Michigan y Ohio con cartas casi idénticas, que niegan categóricamente las acusaciones y declaran que actuaron “en todo momento de manera adecuada y de conformidad con nuestros compromisos contractuales y la ley aplicable".

Ambas cartas indicaban que "sin la obligación de hacerlo", Integrity había "marcado su cuenta como 'pagada en su totalidad'", en el "entendimiento de que ella (la prestataria) no podrá obtener crédito de Integrity en el futuro".


La CFPB Interviene


Finalmente, Integrity Advance sería procesado a nivel nacional por sus prácticas crediticias. En enero de 2013, semanas después de que Stephens y Carnes vendieran grandes porciones de los activos de Hayfield al especialista en préstamos de empeño EZCORP, Inc., el organismo de control le envió una carta a Integrity Advance solicitando información sobre sus prácticas.

La carta habría alarmado cualquier negocio. No se trataba de un solitario y superado regulador estatal. Al contrario, la CFPB representaba a una nueva y poderosa fuerza en Washington: una agencia con jurisdicción nacional y abogados dedicados exclusivamente a erradicar prácticas abusivas de las firmas financieras que operan en los límites estatales. La CFPB había sido creada en parte debido a las preocupaciones sobre las dificultades encontradas por las autoridades estatales, que buscaban tomar medidas enérgicas contra los prestamistas de ‘payday’.

No todos celebraron la nueva agencia


A mediados de 2013, Stephens le dijo a un medio de negocios y política de Arkansas que el Buró para la Protección Financiera del Consumidor era "la entidad peor nombrada de todos los tiempos", y agregó: "Es casi como si le negáramos crédito a la gente en lugar de protegerla. Vamos a protegerlos al no darles ningún crédito".

Los grupos financieros reclutaron a sus aliados republicanos para convertir al nuevo ‘perro guardián’ en un objetivo clave en la campaña para desmantelar el legado regulador de la administración Obama.

La CFPB ha tenido que defenderse contra sucesivos desafíos legales, basados en la afirmación de que no tiene el derecho constitucional de existir. Las batallas judiciales se han combinado con intentos de poner a la opinión pública en su contra. Un grupo lanzó el año pasado varios anuncios criticando a la agencia y alentando a la gente a escribir a sus miembros del Congreso, para poner fin a sus "prácticas abusivas".

Durante su campaña presidencial, Donald Trump se comprometió a deshacer las reformas promulgadas por la ley de reforma financiera Dodd-Frank de 2010, que estableció la CFPB. Con el ascenso de Trump a la presidencia, el futuro de la agencia es más incierto que nunca. En octubre de 2017 los republicanos del Senado votaron para bloquear un fallo de la CFPB que habría facilitado a varios clientes a unirse para demandar a sus bancos. La votación fue considerada la mayor victoria hasta el momento para los intereses bancarios durante la administración Trump.
Hayfield y Appleby

La condición de líder de negocios multimillonario de Stephens no solo fue útil para organizar ataques contra el nuevo regulador financiero federal. Su estatus también sirvió para introducir a Hayfield como cliente de Appleby. Un plan de negocios confidencial, al parecer enviado por Hayfield a Appleby en noviembre de 2011, se jacta de que Stephens Inc. es "reconocida como una de las máximas autoridades" en la industria de financiamiento al consumidor en Estados Unidos.

Un memo interno de Appleby para evaluar a Hayfield destaca los éxitos empresariales de Stephens, y apunta a su fortuna personal, estimada en 2,800 millones de dólares, afirmando que Stephens es el número "490 en la lista de los hombres más ricos del mundo".

Appleby decidió aceptar los negocios de Stephens. En 2012, a fin de verificar su identidad al registrar una nueva filial offshore de Hayfield, Stephens proporcionó a Appleby una copia escaneada de su pasaporte, una referencia personal e incluso su cuenta de electricidad. (Appleby ayudó a incorporar empresas offshore que figuraban como filiales separadas de Hayfield, pero no jugó ningún rol con Integrity Advance).

La evidencia publica disponible sobre el vínculo entre Stephens, Hayfield e Integrity Advance es escasa. Una pista fue la firma de un representante de Stephens Inc., que apareció en la parte inferior de una presentación a la SEC [la comisión de valores de Estados Unidos] de diciembre de 2012, detallando la venta de los activos de Hayfield a EZCORP.

En los archivos de Appleby, el nombre de Stephens aparece repetidamente en un lenguaje que lo retrata, en su condición de inversionista, como una figura importante en los negocios de Hayfield -una narrativa completamente ausente en los diversos procedimientos de la CFPB contra Integrity Advance.

El único lugar en que se hace referencia a su firma en el expediente público de la CFPB es una declaración de James Carnes, en la cual se menciona un fondo de capital privado llamado "Stephens", que según sus afirmaciones, tenía participación mayoritaria en la empresa desde 2008.

A principios de 2013, la CFPB exigió formalmente que Integrity Advance entregara los nombres de cualquier persona que poseyera más del 5% de su empresa. En respuesta, la agencia recibió un cuadro que detallaba los nombres de varios de los principales propietarios de Hayfield. Hubo una excepción notable: Warren Stephens.

Cambio de Estrategia


Una revisión de los documentos financieros y las declaraciones juradas de Carnes con respecto a sus propias ganancias indica que es probable que Stephens se haya beneficiado generosamente de su inversión en Hayfield.

Aún durante los meses anteriores a su venta, Hayfield contemplaba silenciosamente la posibilidad de girar hacia una nueva y controvertida tendencia en la industria del ‘payday’, según los documentos de la firma Appleby.

En 2011 y 2012, de acuerdo con los registros, Hayfield Investment Partners discutió con Appleby la incorporación de empresas offshore destinadas a proporcionar servicios de consultoría a tribus indígenas estadounidenses, interesadas en convertirse en prestamistas en línea. Un memorándum de Appleby establece que el cliente inicial sería la Turtle Mountain Band de los indios Chippewa, que ocupa una reserva al norte de Dakota del Norte.

Según un memorándum de Appleby, para solicitar secretamente a terceros proveedores de TI [tecnología de información] para sus clientes sin revelar los detalles sobre la propiedad del grupo consultor, Carnes y Stephens establecerían una empresa fachada llamada Black Oak Consulting, la cual sería registrada en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso offshore conocido por su secrecía bancaria.

Posteriormente, la pareja incorporaría Rustic Hill Advisors en la Isla de Man, un pequeño paraíso fiscal ubicado entre Inglaterra e Irlanda del Norte. El memo detallaba cómo Rustic Hill proporcionaría la consultoría real a los clientes, con proveedores de servicios canalizados bajo un velo de confidencialidad por parte de Black Oak.

No queda claro en los registros si los planes de Hayfield de trabajar con la Turtle Mountain Band u otros grupos de nativos estadounidenses se convirtieron en realidad. En respuesta a las preguntas sobre las consultorías offshore, un portavoz de la Turtle Mountain Band de los indios Chippewa declaró que no encontró ningún registro de negocios realizados con esas entidades.

Hayfield y su filial, Integrity Advance, enfrentaron otros problemas pronto. En noviembre de 2015, la CFPB formuló cargos contra Integrity Advance y Carnes, alegando un esfuerzo continuo y sistemático para engañar a prestatarios, desde su fundación en 2008 y hasta que dejó de emitir préstamos en diciembre de 2012.

En 2016, un juez de derecho administrativo emitió un fallo recomendando el pago de 50 millones de dólares en multas civiles y reparación de daños por parte de Carnes e Integrity Advance. (La recomendación precede a una determinación final sobre sanciones por parte del director de la CFPB).

Carnes e Integrity Advance están apelando la decisión, argumentando que "los hallazgos de hecho, las conclusiones de la ley y el alivio propuesto son arbitrarios, caprichosos, un abuso de discrecionalidad". También están contraatacando a la agencia, alegando que el organismo de control federal excedió su autoridad en la persecución de Integrity Advance, porque el prestamista de ‘payday’ no está sujeto al mandato del regulador.

La Oficina, afirma la contrademanda, está buscando “una aplicación retroactiva e inconstitucional de la ley”. Haciendo eco de los ataques más extendidos dentro de la industria financiera contra la CFPB, alega que el nombramiento en 2012 del director de supervisión financiera, Richard Cordray, por parte del presidente Obama, fue inconstitucional.

Citando el litigio pendiente, la CFPB se negó a proporcionar comentarios para este informe.

Por: SPENCER WOODMAN.
Vía: Mexicanos contra la corrupción.


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