Miguel Acosta. El asunto de las pensiones en Colima es muy complejo. En primer término es necesario plantear la forma tan desproporcionada en la Ley de Pensiones determina los montos que deben aportar los ayuntamientos y el poder ejecutivo estatal, por cada uno de sus trabajadores: el uno por ciento para el poder ejecutivo estatal y el 2.5 para los ayuntamientos.

¿Cuál es la razón de esta desproporción, de esta asimétrica situación?

No lo explica la Ley, ni hay un razonamiento técnico, lógico, jurídico, ni de ninguna especie que lo explique o justifique siquiera. Simplemente es así y punto. Una imposición de quien pudo hacer la en su momento: el gobernador en turno.

Así, por disposición legal, lo que la vuelve obligatoria, cada municipio entrega, o debe hacerlo, cada mes el 2.5 por ciento de su nómina a la Dirección de Pensiones, que es una dependencia del poder ejecutivo estatal. Esto lo hace durante todo el tiempo que los trabajadores estén en servicio, activos. Todo el tiempo.

Cabe destacar que cada trabajador entera, a su vez, el cinco por ciento de su salario mensual a la misma Dirección de Pensiones.

¿Qué pasa cuando un trabajador del ayuntamiento decide pensionarse o jubilarse, según sea el caso?, simplemente lo informa a su patrón y éste hace los trámites correspondientes, obtiene el acuerdo del cabildo y pensiona o jubila al trabajador y a partir de ese momento, ese pago forma parte de la nómina de ese ayuntamiento u organismo paramunicipal. Todo en orden y paz.

¿Qué pasa con los recursos aportados por años por los trabajadores y su patrón. Al trabajador, una vez pensionado o jubilado, le devuelven, eventualmente, lo que tenga en el fondo, menos lo que deba, en su caso, por algún préstamo recibido y no cubierto en su totalidad al momento de su retiro.

¿Qué pasa con el dinero aportado por el patrón? Nada, se lo queda el gobierno estatal a través de la Dirección de Pensiones.

Así, aun cuando parezca increíble, el poder ejecutivo estatal usa la Ley de Pensiones como si fuera patente de corso para atracar a los ayuntamientos y quitarles ese 2.5 por ciento aportado por cada empelado durante sus años de servicio, más el cinco por ciento enterado por el propio trabajador.

Los recursos aportados por los ayuntamientos y los trabajadores, se los queda el poder ejecutivo estatal, lo que en términos llanos implica que los ayuntamientos financian, subvencionan, el término es lo de menos, al gobierno estatal en el pago de sus pensionados y jubilados.

¿Qué han hecho hasta hoy los ayuntamientos? Callar y aguantar la situación. De cuando en cuando vemos en los medios declaraciones del director de Pensiones en turno de que tales y cuáles ayuntamientos “deben” cuotas, aportaciones o como se llamen, pero jamás se ha dicho hasta hoy, que la Dirección de Pensiones pague la pensión o la jubilación de algún trabajador.

¿Por qué no se entrega, en su caso, a los ayuntamientos lo que enteran como aportación a la Dirección de Pensiones por cada trabajador, ese tan llevado y traído 2.5 por ciento mensual, más el cinco por ciento aportado por el trabajador mismo?

¿Por qué ningún diputado ha hablado de reformar la Ley de Pensiones para terminar con esta expoliación evidente y lacerante de los ayuntamientos?

Entiendo que los del PRI no lo hagan, al y fin al cabo, el futuro de sus carreras en la vida pública depende del gobernador en turno, pero, ¿y los de oposición, particularmente los panistas?

Hoy, la mira se ha centrado, tramposamente, en la reducción de los montos a pagar, es decir, en ponerle un tope a las jubilaciones de los trabajadores que se rigen por la llamada ley burocrática, que como ya se ha dicho exceptúa a los trabajadores de la Sección 39 del SNTE y a los de salud, por ser federalizados estos últimos y regirse por la Ley del ISSSTE para todos los efectos legales correspondientes.

Pero no se va a fondo en el asunto de la reforma a la ley, porque eso implicaría legislar sobre ese 7.5 por ciento que aportan entre el trabajador y su patrón durante un número determinado de años y que se lo carrancea el ejecutivo estatal, a través de la Dirección de Pensiones.

De esta manera, las finanzas de los municipios terminan siendo expoliadas ruinmente por el poder ejecutivo estatal, haciendo más crítica y miserable su situación.

Por cierto, el ejecutivo estatal tiene no menos de 20 años que no entera mes a mes el uno por ciento que le corresponde poner al fondo por cada trabajador sindicalizado o de confianza y su argumento es que las pensiones las paga de su nómina, lo que me parece bien. Sin embargo, e ese mismo sentido, ¿por qué la Dirección de Pensiones, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del poder ejecutivo estatal, exige que los ayuntamientos pongan su 2.5 por ciento correspondiente, si están en el mismo caso del ejecutivo estatal?

La respuesta, por sencilla, directa y clara, se obvia.

Tres Comentarios al Margen

1. Lamento la muerte del policía en Tecomán, Colima, y que su compañero haya quedado gravemente herido con tres balazos en el vientre. Sin embargo, conviene reflexionar sobre este hecho en particular y hacerse algunas preguntas al respecto: ¿por qué recibió tres balazos e le vientre el segundo policía?, ¿traía puesto el chaleco o el blindaje de éste fue insuficiente para contener los disparos?, ¿qué tan cierto es que sólo el 50 por ciento de los policías preventivos estatales trae arma reglamentaria?

Por otra parte, ¿los policías de todos los municipios hacen su servicio con el chaleco antibalas puesto?

2. Según Baldomero Díaz Gaytán, subdirector y editorialista de El Noticiero, el coordinador del PRI habría estado de acuerdo en que Roberto Regalado e Ignacio Galicia, exdirigente y dirigente actual de los burócratas manzanillenses, golpearan a Nabor Ochoa López, diputado federal plurinominal por el Verde y expresidente municipal de Manzanillo. Aquí la cita de lo escrito por el directivo y editorialista de El Noticiero: “se trataba de un ajuste de cuentas, una vendetta política de Regalado y Galicia en contra de Nabor Ochoa López. Bazookazos políticos que obviamente llevaban el visto bueno de Martín Flores, el actual coordinador de la bancada del tricolor en el Congreso del Estado.” Fin de la cita.

3. ¿Soy demasiado consciente de la realidad, y los demás viven en un sueño de idiotas del que no quieren despertar (cosa que no les reprocho), o soy yo el estúpido que cree ver demasiado, sin ver nada? Emile M Cioran

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