Sergio Aguayo. Hubo quien calificó de catarsis la postulación de animales en la elección del 7 de julio. Es bastante más que eso.

El "candigato Morris" alborotó la elección para presidente municipal de Xalapa, Veracruz. Quedó cuarto lugar de preferencias por un carisma construido con su libertad e independencia, su capacidad para perseguir ratas y el anuncio de que dedicaría su tiempo al retozo y al reposo. La protesta -replicada en otras partes con burros, gallinas, pericos y perros- molestó a políticos veracruzanos que la tacharon de "broma", "locura" y de falta de "respeto a las instituciones y a las elecciones".

Los políticos descalifican fácilmente. En la elección federal intermedia del 2009 hubo una exitosa movilización nacional a favor del voto nulo. El PAN, el PRD, Convergencia, el PT, los verdes, Andrés Manuel López Obrador y Marta Sahagún calificaron a los anulistas de "antidemocráticos", "simplistas", "dinamiteros", "irresponsables", "demagogos" y "perversos" sin entender que así es como los percibimos.

¿Sirvieron el anulismo del 2009 y las candidaturas animales del 2013? Sí. Mostraron el hartazgo mayoritario hacia partidos y políticos, hacia la corrupción, la impunidad y la ineficacia. Poniéndome académico, iluminaron una asimetría estructural pocas veces considerada: ha crecido la conciencia ciudadana pero no ha aumentado el capital social expresado en la participación cívica o en el número de organismos civiles.

Según una encuesta de 1959 (Almond y Verba), sólo el 19 por ciento de la población adulta estaba dispuesto a ejercer su derecho de opinar sobre política en público; para el 2000 la cifra llegaba al 86 por ciento (Encuesta Mundial de Valores -EMV). La forma más elemental de involucramiento -firmar una petición para la autoridad- ha incluso retrocedido: en 1990 era el 35 por ciento y en el 2006 se había derrumbado a 21.

Entre los factores que provocan la pasividad está la falta de organizaciones que canalicen inquietudes e inconformidades. México tiene unos 30 mil organismos civiles; Colombia, 135 mil. Ello significa, entre otras cosas, que sólo el 11 por ciento de las dependencias públicas son observadas por actores sociales. (Alberto Serdán Rosales, "Ciudadanía apartada", Animal Político, 7 de julio de 2013). Una causa de la escasez de organismos civiles es la tacañería del Estado mexicano. El Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) ha hecho un excelente trabajo para incrementar el tejido social pero en el 2013 tuvo una merma de 78 millones de pesos en el presupuesto para financiar proyectos de organismos civiles. Según su directora, Angélica Luna Parra, sólo han apoyado mil 300 de los 5 mil 730 proyectos recibidos. La sociedad organizada depende de sí misma.

¿Qué hacer? Quienes desean luchar por la democracia o la justicia social tienen que transformar su espontaneidad en capital social (en instituciones que trasciendan la coyuntura) sin olvidar que los organismos civiles no sustituyen al Estado. En estos momentos la sociedad organizada tiene dos prioridades: regenerar a los partidos y hacer que funcionen mejor los organismos públicos de derechos humanos.

Si revisamos el asunto con el criterio presupuestal, no hay relación entre lo que entregan y lo que cuestan partidos y organismos públicos. Este año los partidos gastarán 3 mil 670 millones, y 12 organismos públicos federales dedicados a los derechos humanos (CNDH, Conapred, INAPAM, entre otros), 7 mil 147 millones. Indesol sólo dedicará 291 millones a fortalecer organismos civiles de todo el país.

Pese a los recursos a su disposición los organismos públicos no atienden bien a las víctimas. O les falta voluntad o enfrentan trabas estructurales. Para proteger a los consumidores de los abusos de bancos y otras sociedades financieras se creó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Actualmente la preside Mario Di Constanzo Armenta, quien tiene un compromiso demostrado con la sociedad. Lástima que en el Consejo Consultivo de la Condusef haya tres representantes de las instituciones financieras y la Junta de Gobierno tiene uno. Las instituciones financieras primero abusan y luego atienden a las víctimas; no debe extrañar la indefensión en que vivimos. Por cierto, la Condusef no quiso proporcionar para esta columna los nombres de quienes integran esos dos órganos (tampoco están en su página).

Que luego no se indignen por la postulación de animales o por una campaña anulista en el 2015.

LA MISCELÁNEA


El razonamiento presentado en esta columna inspira una campaña -que apoyo- para entregar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 29 mil 196 firmas autógrafas. Se requieren para presentar una iniciativa popular a favor de una reducción del 50 por ciento del financiamiento público que reciben los partidos. Faltan 7 mil firmas. Los residentes del DF que quieran reunirlas entre su círculo cercano escriban a seaguayo@gmail.com
Colaboró Paulina Arriaga Carrasco. 

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