Los partidos están próximos a definir todos sus candidatos a los gobiernos de los 12 estados que tendrán elecciones locales este año. Mañana habrá comicios extraordinarios en Colima. Decidir candidatos es la decisión política más relevante para un partido: se trata de conciliar competitividad electoral y capacidad para gobernar de conformidad al proyecto partidista o de la coalición respectiva. Sin embargo, lo de ahora es diferente, los partidos no solo han perdido el monopolio para acceder a la representación pública, sino que acumulan una carga no siempre positiva. Las candidaturas independientes se han acreditado como una ventana de oportunidad muy importante a pesar de las limitaciones y de la incertidumbre que plantean. También están en la mesa de la discusión los posibles acuerdos de los partidos para celebrar coaliciones electorales.
A los partidos históricos les ha llevado largo tiempo entender la crisis integral del sistema de representación y que conlleva la suya propia. Las cifras son abrumadoras; seis de cada 10 mexicanos no se sienten identificados con partido alguno y solo uno de 10 se asume muy cercano a uno de ellos. El problema no se agota en la disminución de la militancia y membresía partidistas, también están el descrédito y la desconfianza, muchas veces propiciados por la misma competencia. Las campañas de lodo son fuego cruzado que daña la credibilidad. Desde luego, también cuentan los casos de venalidad de unos y de otros. Como lo muestran los estudios de opinión, representantes populares y partidos políticos están en el piso de la confianza pública. Y lo grave es que no hay democracia sólida y eficaz sin partidos fuertes.
Efectivamente, la democracia requiere de partidos fuertes, esto es, representativos. El problema reside en la dificultad estructural de los partidos para abrirse genuinamente a la sociedad. Son pocos los ciudadanos que encuentran ahí espacios de participación política. De la misma forma, estas organizaciones tendrían que hacer mayores esfuerzos para que la sociedad se sienta identificada con las posturas y programas de gobierno y el voto en órganos de representación. A pesar de las amplias prerrogativas, sin paralelo en democracia alguna, la comunicación con los ciudadanos es muy deficiente y las estructuras partidistas nacionales siguen apostando por la propaganda y los esquemas rígidos de comunicación. El debate es escaso y ocasional. Cierto es que en el Congreso hay deliberación, pero por razones diversas no llega a la sociedad.
Las campañas electorales son ocasión privilegiada para que los partidos, a través de sus candidatos, acrediten su representatividad social; sin embargo, se requiere mantener distancia del pragmatismo y el oportunismo. Igualmente es necesaria una revisión a profundidad del modelo vigente de comunicación, caracterizado por el bombardeo de promocionales televisivos y radiofónicos que poco contribuye a un voto informado o al debate propio de la competencia democrática por el poder. Con singulares excepciones, la comunicación digital tampoco ha sumado eficacia con todo y la proliferación de expertos y consultores de ocasión. La dificultad más recurrente es la que enfrentan los candidatos y sus equipos para entender los principios y reglas propios de la era digital como son el tiempo real, la horizontalidad y la interactividad. Hay autoengaño y con frecuencia las redes sociales son vistas, por los políticos en competencia, más como un problema a administrar que como lo que realmente son, una oportunidad para promover la participación y la información políticas.
Existe la paradoja de que las reglas del juego se centran en partidos y las campañas en candidatos, y esto genera contradicciones diversas. Por ejemplo, las prerrogativas que reciben los partidos no siempre se trasladan a los candidatos a pesar de que son ellos quienes encaran la presión inmediata y existencial de obtener el mejor resultado. El efecto es un financiamiento de campaña irregular y, en ciertos casos, ilegal. Afortunadamente, la reciente reforma a la ley electoral no solo sanciona al partido, sino también al candidato, lo que ha dado lugar a un complejo sistema de fiscalización. El desafío radica en los bajos topes de campaña y en las dificultades para auditar ciertos rubros de gasto electoral.
La legislación no ha resuelto ni ha atendido con el detalle requerido los retos del régimen de los candidatos independientes. Han sido criterios del tribunal los que han dado alguna claridad sobre el tema, aunque no es esta la fórmula más confiable y segura de afrontar la situación. Debe quedar claro que las candidaturas independientes llegaron para quedarse, que su éxito circunstancial está asociado a la cerrazón de los partidos y a la misma transformación de la sociedad. Es innegable que configuran una fórmula justa de participación política y que tienen potencial para airear el sistema de representación, si bien también entrañan riesgos que deben preverse, particularmente la factibilidad de que se vuelvan fichas libres en el esquema de fiscalización para evitar la presencia del crimen en el financiamiento de campañas y la promoción de candidatos.
Los términos de la contienda de este 2016 serán definitorios para 2018. Importa mucho el equilibrio político regional, pero también los precedentes de la calidad de la competencia. La disputa, la crítica severa y a veces desproporcionada, así como la confrontación de propuestas, son expresiones propias de la democracia. Sin embargo, los excesos en la deliberación y en el ejercicio de las libertades políticas no deben minar la credibilidad de las instituciones electorales ni la confianza ciudadana sobre el poder del voto. Es urgente que los partidos y candidatos reconozcan el resultado cuando les sea adverso y, en todo caso, resuelvan las diferencias a través de los medios que las leyes determinan.
Es mucho lo que la sociedad demanda y requiere de la política, de sus organizaciones y de los gobernantes. El país ha transitado hacia la normalidad democrática; sin embargo, buena parte de los actores de la política se aferra al paradigma del pasado ya lejano. Es importante que las elecciones venideras que empiezan con los procesos partidistas para definir candidatos se conviertan en punto de inflexión para que la política corresponda virtuosamente a la exigencia ciudadana por una mayor calidad en la representación política y el ejercicio del gobierno.
http://twitter.com/liebano
A los partidos históricos les ha llevado largo tiempo entender la crisis integral del sistema de representación y que conlleva la suya propia. Las cifras son abrumadoras; seis de cada 10 mexicanos no se sienten identificados con partido alguno y solo uno de 10 se asume muy cercano a uno de ellos. El problema no se agota en la disminución de la militancia y membresía partidistas, también están el descrédito y la desconfianza, muchas veces propiciados por la misma competencia. Las campañas de lodo son fuego cruzado que daña la credibilidad. Desde luego, también cuentan los casos de venalidad de unos y de otros. Como lo muestran los estudios de opinión, representantes populares y partidos políticos están en el piso de la confianza pública. Y lo grave es que no hay democracia sólida y eficaz sin partidos fuertes.
Efectivamente, la democracia requiere de partidos fuertes, esto es, representativos. El problema reside en la dificultad estructural de los partidos para abrirse genuinamente a la sociedad. Son pocos los ciudadanos que encuentran ahí espacios de participación política. De la misma forma, estas organizaciones tendrían que hacer mayores esfuerzos para que la sociedad se sienta identificada con las posturas y programas de gobierno y el voto en órganos de representación. A pesar de las amplias prerrogativas, sin paralelo en democracia alguna, la comunicación con los ciudadanos es muy deficiente y las estructuras partidistas nacionales siguen apostando por la propaganda y los esquemas rígidos de comunicación. El debate es escaso y ocasional. Cierto es que en el Congreso hay deliberación, pero por razones diversas no llega a la sociedad.
Las campañas electorales son ocasión privilegiada para que los partidos, a través de sus candidatos, acrediten su representatividad social; sin embargo, se requiere mantener distancia del pragmatismo y el oportunismo. Igualmente es necesaria una revisión a profundidad del modelo vigente de comunicación, caracterizado por el bombardeo de promocionales televisivos y radiofónicos que poco contribuye a un voto informado o al debate propio de la competencia democrática por el poder. Con singulares excepciones, la comunicación digital tampoco ha sumado eficacia con todo y la proliferación de expertos y consultores de ocasión. La dificultad más recurrente es la que enfrentan los candidatos y sus equipos para entender los principios y reglas propios de la era digital como son el tiempo real, la horizontalidad y la interactividad. Hay autoengaño y con frecuencia las redes sociales son vistas, por los políticos en competencia, más como un problema a administrar que como lo que realmente son, una oportunidad para promover la participación y la información políticas.
Existe la paradoja de que las reglas del juego se centran en partidos y las campañas en candidatos, y esto genera contradicciones diversas. Por ejemplo, las prerrogativas que reciben los partidos no siempre se trasladan a los candidatos a pesar de que son ellos quienes encaran la presión inmediata y existencial de obtener el mejor resultado. El efecto es un financiamiento de campaña irregular y, en ciertos casos, ilegal. Afortunadamente, la reciente reforma a la ley electoral no solo sanciona al partido, sino también al candidato, lo que ha dado lugar a un complejo sistema de fiscalización. El desafío radica en los bajos topes de campaña y en las dificultades para auditar ciertos rubros de gasto electoral.
La legislación no ha resuelto ni ha atendido con el detalle requerido los retos del régimen de los candidatos independientes. Han sido criterios del tribunal los que han dado alguna claridad sobre el tema, aunque no es esta la fórmula más confiable y segura de afrontar la situación. Debe quedar claro que las candidaturas independientes llegaron para quedarse, que su éxito circunstancial está asociado a la cerrazón de los partidos y a la misma transformación de la sociedad. Es innegable que configuran una fórmula justa de participación política y que tienen potencial para airear el sistema de representación, si bien también entrañan riesgos que deben preverse, particularmente la factibilidad de que se vuelvan fichas libres en el esquema de fiscalización para evitar la presencia del crimen en el financiamiento de campañas y la promoción de candidatos.
Los términos de la contienda de este 2016 serán definitorios para 2018. Importa mucho el equilibrio político regional, pero también los precedentes de la calidad de la competencia. La disputa, la crítica severa y a veces desproporcionada, así como la confrontación de propuestas, son expresiones propias de la democracia. Sin embargo, los excesos en la deliberación y en el ejercicio de las libertades políticas no deben minar la credibilidad de las instituciones electorales ni la confianza ciudadana sobre el poder del voto. Es urgente que los partidos y candidatos reconozcan el resultado cuando les sea adverso y, en todo caso, resuelvan las diferencias a través de los medios que las leyes determinan.
Es mucho lo que la sociedad demanda y requiere de la política, de sus organizaciones y de los gobernantes. El país ha transitado hacia la normalidad democrática; sin embargo, buena parte de los actores de la política se aferra al paradigma del pasado ya lejano. Es importante que las elecciones venideras que empiezan con los procesos partidistas para definir candidatos se conviertan en punto de inflexión para que la política corresponda virtuosamente a la exigencia ciudadana por una mayor calidad en la representación política y el ejercicio del gobierno.
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