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Lo anterior en relación con el caso de una niña violada por un pastor evangélico, de 55 años de edad, en Santiago Quetzalapa, en la región de la Cañada, donde la autoridad local impuso una multa de dos cartones de cerveza al agresor.
“Algo está cambiando en las comunidades; antes sus mismos habitantes imponían sanciones proporcionales al daño causado, e incluso obligaban a la reparación del daño, pero actualmente se ponen multas irrisorias”, consideró Salazar.
Reprobó la actuación de la autoridad de Quetzalapa, Damián Albino Sánchez, por anteponer el supuesto prestigió del pastor evangélico, Cirilo Jerónimo Cruz, a la denuncia de la víctima.
Una vez más, lamentó, un funcionario oculta el abuso sexual infantil cometido por una persona con poder o estatus en la comunidad, y duda de la palabra de una niña, un niño u adolescente.
Al conocer por la prensa lo que le ocurrió a una niña indígena mazateca de ocho años de edad que el 12 de septiembre fue víctima de violación, la funcionaria se comprometió a revisar el legajo de investigación del caso junto con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razón de Género, y darle el seguimiento ante el Poder Judicial estatal, encargado de la consignación del presunto responsable.
A su vez, exhortará a la Procuraduría del Menor, la Mujer y la Familia crear un plan de atención para la niña y sus familiares.
Por su lado, Claudia Ramírez Izúcar, directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña apuntó que las autoridades electas por el sistema normativo interno (usos y costumbres) se valen de su “autonomía” para imponer sus propias sanciones, separadas del derecho positivo.
Vía: Excélsior.