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Encabezados por su presidenta Luisa García Cruz, condenaron que se realicen este tipo de amenazas cuando se requiere dar un impulso a la educación para mejorar las condiciones que se tienen.
Aseguraron que no se debe utilizar la educación para lograr beneficios para un grupo aún cuando se afecta a los menores con este tipo de actos de presión a las autoridades.
Demandaron formar parte de las mesas de diálogo para que tengan conocimiento y participen de las decisiones que se tomen en beneficio de la educación.
De la misma forma, exigieron que estas negociaciones entre gobierno y magisterio sean públicas, para que la sociedad también sepa lo que se acuerda y pueda emitir una opinión al respecto.
Redacción ADNsureste.info