El país no se entiende sin crítica. Hemos perdido demasiado, en muchos sentidos, por la complacencia y la falta de ejercicio reflexivo y autocrítico. Pero debe quedar claro que una sociedad incapaz de reconocer lo que está bien hecho cancela su potencial para mejorar.
En un entorno singular, un evento anual de una reconocida y acreditada organización civil abocada a mejorar la seguridad, el Presidente de la República se refirió a la incapacidad de ciertos sectores de la sociedad para identificar logros, méritos y avances. Las expresiones presidenciales abrieron una polémica, particularmente por quienes se sintieron incómodos al asumirse aludidos en las expresiones del primer mandatario.
Es justo el reclamo por la seguridad, pero también es necesario no restringirse en esto, es útil y conveniente proponer soluciones como bien lo ha hecho Causa en Común, la organización convocante del evento. Sin embargo, también es indispensable reconocer el mérito, sobre todo, de aquellos que exponen su vida para ganar terreno al crimen; hay muchos que cumplen con responsabilidad y lealtad y, por lo mismo, deben ser también reconocidos y motivados en su tarea.
La inseguridad que se padece representa una herida profunda en el cuerpo nacional, además del trágico saldo para muchas familias. Va más de una década sin que podamos revertir una situación grave de falta de paz en algunas zonas del país. Muertes y desaparecidos han sido el saldo. Pero ha habido victorias importantes, aunque ha faltado continuidad respecto a lo que se ha hecho bien en el ámbito local. Es una paradoja ver que los ciudadanos votan por otro partido o candidato independiente, como sucedió en Nuevo León, con la expectativa de mejorar en temas que son su preocupación fundamental como el de la inseguridad, para advertir en poco tiempo que la situación cambió, pero para empeorar.
En este espacio hacíamos referencia al Reporte Latinobarómetro 2017 sobre la pérdida de aprecio de los mexicanos sobre la democracia y sus instituciones. Esta realidad amenazante ocurre frente a nuestros ojos porque no hemos podido construir una voluntad compartida en muchos de los temas fundamentales para los mexicanos, particularmente los que se refieren a la seguridad. En su lugar han sido manoseados por el debate electoral y se han utilizado con oportunismo, en el afán no tanto de aportar propuestas y soluciones, sino de capitalizar la frustración y el enojo social por la situación.
Esto conlleva dos consecuencias muy negativas: la primera, hacer creer que es voluntad individual de un líder iluminado o de un candidato mesiánico el que las cosas cambien, cuando la transformación que se requiere incluye la colaboración de órdenes de autoridad, poderes públicos y sector político. La segunda, es que excluye a la sociedad en su responsabilidad para cambiar. Mejorar la seguridad necesariamente requiere no solo una mayor participación social, sino también entender los términos de una forma de complicidad social que, por la vía de la omisión de muchos y la acción de algunos, limita o, en algunos casos, de plano hace nugatorio el esfuerzo institucional para combatir de fondo al crimen.
Gobiernos vienen y van, partidos que de gobernantes pasan a la condición de opositores. La democracia implica el tránsito temporal de presidentes, gobernadores y alcaldes. Ellos concluyen su responsabilidad, pero las instituciones permanecen y la sociedad persiste con sus fortalezas, virtudes, anhelos y problemas. En todo ello estimo que hemos perdido perspectiva, y que la política y el reclamo social elude la necesaria exigencia de que todos nos involucremos en la solución del problema y que ampliemos los espacios de encuentro y participación para una acción compartida. La renovación democrática de poderes lleva al desencanto precisamente por no entender el problema en su justa dimensión.
El saldo del desencuentro de la sociedad con sus autoridades es negativo. A la desconfianza se suma la incapacidad de reconocer y motivar lo que bien se hace, a la vez de que muchos asumen sin razón indolencia o indiferencia de las instituciones para cumplir una de sus obligaciones fundamentales, que es la de proveer seguridad. Ya ha pasado mucho tiempo y persistimos en la misma situación.
En el tema de combatir al crimen hay diferencias, pero también hay un terreno común como es el respeto a los derechos humanos, una justicia sin coartadas, acabar con los extremos de impunidad existentes y privilegiar una acción preventiva que permita atacar las causas que propician la delincuencia en sus variadas expresiones. También en el diagnóstico queda claro que la mayor debilidad institucional está en las policías municipales, no todas, pero sí la gran mayoría.
Recurrir a las fuerzas armadas para hacer frente a la embestida del crimen organizado ha sido un recurso excepcional que se ha vuelto regular, precisamente porque el avance de un nuevo modelo policial ha sido muy menor respecto a la magnitud del problema. Ante la tardía toma de decisión, lo que debiera hacer el Congreso es aportar un piso legal para dar certeza y claridad a este tipo de intervención. Ha pasado demasiado tiempo y se ha dicho mucho, pero no se ha podido avanzar.
La sociedad reconoce y agradece que las fuerzas armadas asistan a los poderes civiles en el combate al crimen. Pero la situación del combate que libran nuestros militares y nuestros marinos no puede quedarse en la abstracción, y cualquiera que sea el rumbo que tomemos, sobre un modelo conocido o en torno a una posibilidad inédita, las instituciones deberían pronunciarse con prontitud. El vacío legal o las limitaciones actuales solo le convienen a la delincuencia.
http://twitter.com/liebano
Esta columna es publicada con la autorización expresa de su autor.