Venezuela: hacia el fin de la impunidad
La declaración de la Fiscal de la Corte Penal Internacional sobre la “apertura de exámenes preliminares sobre la situación en Venezuela [que] analizará crímenes presuntamente cometidos [...] al menos desde abril de 2017”, principalmente de fuerzas de seguridad del Estado pero también de algunos grupos de manifestantes violentos, junto con el recrudecimiento de las sanciones de la Unión Europea y el rechazo del Congreso peruano a la presencia de Maduro en la Cumbre de Las Américas conforman el cada vez más restringido panorama para el madurismo, urgido de una nueva aparente legitimación con las convocadas elecciones presidenciales —como fue con la Asamblea Nacional Constituyente  que lo “oxigene” a través de un seguro megafraude electoral.

La solidaridad internacional y las casi dos mil pruebas que la destituida Fiscal General Ortega Díaz presentó a la CPI posibilitaron este primer paso, que podría continuar con la investigación y procesamiento de la cúpula gobernante por crímenes de lesa humanidad. El gobierno de Venezuela está obligado a este proceso como Estado signatario del Estatuto de Roma que sustenta a la CPI y que la faculta a “ejercer sus funciones y atribuciones [...] en el territorio de cualquier Estado Parte”.


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