Post debate: Congreso y Revocación de Mandato
La semana pasada escribimos sobre el debate y la revocación del mandato del Poder Ejecutivo; también señalamos que se ha convertido en material de campaña para desprestigiar esta institución política, pero ¿acaso la academia mexicana y los hombres de Estado que sistemáticamente trabajan sobre el rediseño institucional, no podrán hacer algo que evite esos riesgos sobre los que alertan? ¿De verdad somos tan estúpidos? Usted saque sus conclusiones. Ahora pasemos a ver que en el plano del Poder Legislativo, sí hay revocación de mandato.


En las democracias más avanzadas del planeta, las que son símbolos y ejemplo de los teóricos de la ciencia política, los congresos son electos y renovados, según el ánimo del soberano popular (el elector), cada dos años; en esos mismos países, la reelección de los congresistas es indefinida, ilimitada, hasta que el soberano popular así lo quiera y decida mediante las urnas revocar el mandato de su representante en el congreso. En un régimen donde la reelección parlamentaria es indefinida, un representante al que se le revoca el mandato se convierte en un cadáver político.

Pero si eso ocurre en las democracias avanzadas, usted se preguntará ¿porque aquí no sucede lo mismo? Hay un sinnúmero de respuestas, pero sólo abordaremos dos: la naturaleza y resistencia del Estado autoritario del que venimos y la ausencia, ceguera, militancia o limitaciones de nuestras figuras más emblemáticas en el terreno de los derechos humanos; si la soberanía popular puede entenderse como la supremacía del ciudadano en el ejercicio de sus derechos políticos, que dicho sea de paso también son humanos ¿por qué se le niega el derecho a revocar el mandato también a sus legisladores?

Hasta 1928 aproximadamente, la reelección legislativa era una práctica institucional del régimen político, pero para poder fortalecer al Estado revolucionario en ciernes y concentrar el poder con la creación del PNR en 1929, se prohibió la relección legislativa; de esta manera, una vez concluido el “Maximato Callista”, los gobiernos posteriores se quedaron con una herramienta valiosa para poder someter al congreso a su voluntad y antojo, además de contar con un instrumento para premiar lealtades, en el mejor de los casos.

La no reelección legislativa se convirtió en un ícono del Estado revolucionario autoritario que sigue vigente hasta nuestros días; la reelección legislativa por una vez, está lejos de tener el valor que tiene la reelección indefinida; de manera concreta, el derecho político que debe estar en manos del soberano popular para revocar o ratificar el mandato de sus representantes, sigue en manos del Estado autoritario que se resiste a democratizarse en este y otros temas que siguen pendientes. El soberano popular no es pleno, sigue tutelado por el Estado que tiene el monopolio de la revocación del mandato legislativo.

A lo largo de nuestra historia pre y post transición a la democracia, diferentes representantes del Estado mexicano, han argumentado mil cosas que aluden a nuestra historia y estabilidad política para justificar la ausencia de reformas profundas en materia de reelección legislativa, o de la mudanza de esta atribución, del Estado autoritario al soberano popular (ciudadano); el Estado autoritario ha guardado para sí mismo, la prerrogativa de revocar el mandato legislativo, se lo robó al ciudadano.

Si hemos transitado de un Estado autoritario a uno democrático y ya se habla de la consolidación de la democracia mexicana, entonces ¿qué se espera para devolver ese derecho revocatorio al ciudadano? ¿Acaso se tratará sólo de discursos complacientes para endulzar los oídos? ¿Qué ha pasado con nuestros feroces defensores de los derechos humanos, acaso revocar un mandato no es un derecho humano? Seguramente se trata de un derecho extraterrestre.

La ausencia de la reelección legislativa ha servido entre otras cosas, para mantener débil y sometido al Poder Legislativo, lejos de ser un órgano sólido y profesional para hacer frente al Poder Ejecutivo. Cuando el Estado se atribuye para sí el derecho de revocar el mandato de los legisladores, sólo se puede parir un Legislativo corrupto de nacimiento ¿por qué habría de sorprendernos la degradación en que se encuentra hoy en día?

Un aspirante a legislador que compra su candidatura a cualquiera de partidos y gasta en promedio 5 millones de pesos, y para hacer campaña debe erogar otro tanto más o menos igual, de convertirse en legislador, tendrá como objetivo principal recuperar su inversión, ganar lo suficiente para que la inversión de su negocio sea productiva o de plano de alto rendimiento; ¿y lo demás?, lo demás es secundario, lo importante es recuperar la inversión porque con el sueldo legislador no alcanza y adicionalmente nuestros flamantes legisladores deben hacer un cochinito para seguir financiando su carrera política, pues ya se imaginará.

Si de lo que se trata es de cambiar el régimen, pues bueno hay que ir anotando a las propuestas de entregas anteriores, la revocación de mandato del Poder Ejecutivo; que la revocación del mandato legislativo y judicial pase del Estado al ciudadano; cambiar el sistema electoral y el de partidos, los mecanismos de acceso a los organismos constitucionales autónomos. De no hacerlo, seguiremos siendo una democracia consolidada, pero tutelada por el Estado en materia de revocación legislativa y sin revocación del ejecutivo porque es mala idea; y bueno seguiremos quejándonos de lo largo de las campañas electorales y de su escandaloso costo. Nos leemos la próxima semana.


Artículo Anterior Artículo Siguiente