Es necesario reiterar que todo gobierno requiere de un escrutinio crítico, más cuando los contrapesos institucionales y tradicionales no existen. Ya se ha dicho que tal circunstancia requiere de una cuota mayor de autocontención por quienes detentarán el poder. El voto no es un cheque en blanco, tampoco es un mandato inequívoco sobre el sentido de lo que habrá de hacerse. Sí, López Obrador cuenta con la adhesión democrática de la contundente mayoría de los ciudadanos. Ese es un punto de partida que no debe soslayarse, pero tampoco la expectativa pública de que el cambio sea para bien.
En este contexto, son acertadas las expresiones de la futura senadora y secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en la entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva sobre la necesidad de que el presidente electo interiorice su tránsito personal y político a la condición de titular de la institución presidencial. Esto alude a uno de los mayores retos no solo de quien será presidente, sino del nuevo grupo de poder que se hace del control del gobierno, del Congreso y también de la mayoría de las legislaturas de los Estados.
Es un reto mayor porque el movimiento inevitablemente debe transitar a una expresión institucional en medio de muchas presiones y tentaciones internas, así como de una expectativa popular sobre el cambio y del mundo real que siempre impone límites, particularmente en el ámbito de la economía. La caracterización de Morena es justamente la de un movimiento, no la de un partido político. Sus referentes son insuficientes para tener identidad y cohesión programática, aunque a sus miembros les haga sentido el objetivo de ganar el poder y el combatir a la corrupción como principal eje de acción.
El efecto de lo anterior es que se gana el poder en condiciones de privilegio con un referente personalizado del poder. Ni siquiera es la propuesta del entonces PRD, también muy general, de democratizar al país. López Obrador ganó y su visión del país, de sus problemas y de las soluciones, ahora ya electo, debe atender la complejidad que subyace a muchos de los temas nacionales como es la inseguridad, la desigualdad social y regional y el déficit de la calidad de las instituciones públicas.
Gobernar en el marco de la legalidad y de las instituciones es sumamente más complejo que actuar en la exigencia de cambio desde la oposición. Pretender mantener la dinámica de movimiento ya en el poder es una grave amenaza a la esencia misma de la democracia, toda vez que el poder público no estaría al servicio de todos sino de algunos, aunque estos puedan ser mayoría electoral. También tiene efectos antiinstitucionales que comprometen la legalidad y, en sus efectos subsecuentes, minan los derechos fundamentales y obstaculizan que el Estado cumpla su responsabilidad básica de hacer valer el interés general a través de la ley, los procedimientos previstos en la norma, y de las instituciones.
Las 12 propuestas legislativas de López Obrador merecen examen cuidadoso. Es probable que estas sean aprobadas por el Congreso y también, aunque más complicado, por el Constituyente Permanente. Son muchos los temas a los que aluden y estimo que en buena parte son bien recibidos por la población, como es el que haya un compromiso más explícito por la austeridad en el servicio público, eliminar el fuero, el aumento al salario mínimo y otros temas más de interés ciudadano como es el mejorar la seguridad pública.
También hay decisiones del virtual presidente electo que dejan claro que todavía prevalece más el sentido de movimiento o grupo en el propósito de ganar el poder, que su ejercicio institucional. Por ejemplo, la idea de designar a representantes “administrativos” del gobierno federal ante los estados a manera de eliminar la estructura de las delegaciones de las secretarías en las entidades; tal propuesta remite a un viejo expediente de control por parte del centro de ominosa memoria representado por los jefes políticos del Porfiriato.
Los gobernadores son funcionarios electos, con responsabilidades precisas y se ha suscrito el federalismo como forma de Estado. No corresponde, entonces, que el Ejecutivo designe funcionarios con un claro perfil político, no técnico ni administrativo, en algunos casos futuros candidatos a gobernador, quienes tendrían no solo el respaldo del gobierno federal, sino por su afinidad partidaria, el del Congreso federal y el de los legisladores locales y alcaldes. Sin duda, esto representaría una afrenta al esencial pacto de la federación y todavía más, a la funcionalidad del gobierno local, y sería uno de los problemas a resolver en la nueva circunstancia.
De la misma forma está el riesgo de hacer de la ratificación del mandato presidencial y de los gobernadores, en el marco de la elección intermedia, un instrumento de influencia sobre las elecciones federales y locales siguientes. Si este 1º de julio quedó en claro el efecto colateral o de arrastre de una elección presidencial sobre los comicios legislativos y locales, bien puede anticiparse lo que ocurriría si tuviera lugar concurrentemente a las elecciones de 2021 una modalidad de reelección presidencial y de gobernadores electos en 2018.
A partir de muchos de los problemas que actualmente se padecen, seguramente hay un fastidio y quizás reserva por la institucionalidad propia de la democracia que desconcentra y limita el poder del presidente como es la división de poderes, el federalismo, los organismos públicos autónomos, el control constitucional por la Suprema Corte, la libertad de expresión y presencia vital de la sociedad civil organizada en la definición y ejecución de políticas públicas. El problema es que, si no se atiende al sentido institucional democrático, en el júbilo por el cambio, estemos desmantelando lo más preciado de nuestro legado político. Se trata entonces, de un ajuste entre el ideal, lo posible y lo deseable para fortalecer nuestra vida democrática.
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