En 2015, la revista Latino Leaders Magazine, nombró a Morillo como uno de los 25 abogados latinos más influyentes en los Estados Unidos. Y en 2016 y 2017, fue reconocido dentro de los cinco mejores abogados en el mundo de delitos de cuello blanco dentro de Latinoamérica. De hecho, el Financial Times reconoció su enorme trabajo que realizó Brasil al perseguir por corrupción a funcionarios del gobierno que encabezaban el sector tributario. Según datos publicados en una revista de negocios del Sur de Florida, Morillo recientemente adquirió un penthouse en la torre Echo de Brickell de Miami por un total de $10.2 millones de dólares.
Entre sus logros, Morillo participó en la resolución de uno de los casos más emblemáticos de corrupción y lavado de dinero de un banco privado de Malaysia y un fondo de salud de aquel país, que involucró a autoridades de los Estados Unidos, Suiza, Singapur, Malaysia y Luxemburgo, que incluyó la malversación de 7 billones de dólares, que fue blanqueado y utilizado incluso para financiar la película del “Lobo de Wall Street”, para comprar bienes raíces, y una colección de arte que involucraba obras de Claude Monet y Vincent Van Gogh.
Asimismo, llevó el caso de dos bancos, uno estadounidense, el otro suizo, acusados de participar en el pago de sobornos a integrantes de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), donde se descubrió una red de empleados involucrados en dichos pagos.
También participó en el caso de la multimillonaria familia Rosenthal de Centro América, involucrada en acusaciones de lavado de dinero del narcotráfico que terminó investigando a un ex Vicepresidente y a un Jefe de Gabinete de un ex Presidente de Honduras. Y en el caso de la investigación contra el ex Director de la empresa petrolera colombiana, Joseph Sigelman; otra de investigaciones criminales contra empleados de PdVSA en Venezuela; así como la defensa del caso del empresario Martín Díaz-Álvarez por el caso de Oceanografía, entre otros.
La publicación patrocinada por Morillo en el diario norteamericano denuncia acciones de México en contra de la empresa Oro Negro. Es una declaración que hacen los inversionistas estadounidenses y europeos de la empresa conocida como Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, S.A.P.I. de C.V., que son dueños de cinco plataformas marítimas de perforación que alquilan a Pemex. Sostienen que su postura es una respuesta a los recientes reportes de los medios de comunicación en nuestro país que señalan que la empresa es investigada por supuesta malversación de fondos. El comunicado afirma que esto es una revancha de las autoridades por la demanda que han interpuesto en su contra hace un mes en los Estados Unidos, y como una respuesta a su intento de sacar de la jugada a la empresa, por no prestarse a actos de corrupción.
Si hay una industria que sabe jugar rudo a la hora de hacer negocios es la del sector energético, aparejada a la industria farmacéutica, donde las empresas suelen grabar todo: a los funcionarios del gobierno, a sus contrincantes, y a cualquier otro elemento que pueda poner en riesgo sus ganancias.
Juan P. Morillo, de tan solo 37 años de edad, ha puesto a temblar a los funcionarios y ex empleados de Pemex, pues alega tener en su poder sendas grabaciones de funcionarios mexicanos pidiéndoles sobornos. En el comunicado los socios de Oro Negro afirman que tienen “grabaciones de altos funcionarios y ex funcionarios de Pemex en donde se comprueba que Oro Negro fue objeto de un trato discriminatorio y abusivo que culminó en la cancelación de los contratos por no ser partícipe en la red de corrupción y no haber pagado sobornos”.
Y es que los socios alegan que las autoridades mexicanas quisieron llevar a la quiebra a Oro Negro, además de utilizar a la Procuraduría General de la República (PGR) como medio para destruir a quienes se niegan a participar en actos de corrupción ¿Dónde hemos escuchado estos antes?
Y es que no es la primera vez que este gobierno y los directivos de Pemex, sobre todo, el ex Director Emilio Lozoya, utilizaron su tráfico de influencias y las instancias de procuración de justicia para quebrar empresas, como ocurrió claramente con Oceanografía. Pero parece que la PGR, y su titular, Alberto Elías Beltrán, sigue actuando de comparsa y protección de las raterías del ex director de Pemex. Recientemente apenas ha anunciado que, en el caso de Odebrecht, sólo irá por la “reparación del daño y la inhabilitación”, cuando hay pruebas confesionales que aseguran haber financiado a Lozoya, con al menos, 5 millones de dólares.
Pero con el nuevo gobierno electo de Morena, los días de Lozoya en libertad, además de varios funcionarios de este gobierno y directivos de Pemex, están contados. Asimismo, el uso faccioso de la PGR como autoridad comandados por Elías Beltrán, están muy cerca de llegar a su fin en los próximos meses. A menos de que logren exonerar, antes de que termine este sexenio, a Emilio Lozoya y a sus secuaces, todo puede suceder. Desgraciadamente vivimos en México, el país de la impunidad.
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