La reconversión de los canallas
Los países cambian porque su gente cambia. Esta perogrullada, sin embargo, no parece tan evidente cuando imaginamos alegremente las grandes trasformaciones que tendrán lugar en México: el futuro radiante que aseguramos en las urnas este primero de julio lo sentimos ya confirmado. Nos resistimos a consignar que la durísima realidad de una patria azotada por la delincuencia y la descomposición social pudiere resultar de algo que es punto menos que irreversible en términos prácticos, a saber, la existencia pura y simple del mal ciudadano.

La administración de la justicia en México es desastrosa: los niveles de impunidad son espeluznantes, las cárceles no rehabilitan a los infractores sino que son auténticas escuelas del crimen, los jueces liberan despreocupadamente a los delincuentes, los juicios se alargan de manera absolutamente monstruosa y no hay casi certeza alguna de que cualquier procedimiento legal emprendido sirva para reparar los daños sobrellevados por la víctima sino, al contrario, muchísimas veces el ganador es quien se las apañó para concertar componendas con las autoridades.

Ahora bien, tan desalentadora enumeración de calamidades suele ser el primer diagnóstico de un estado de cosas en el que las responsabilidades se diluyen, a su vez, en un gran señalamiento dirigido a un “sistema” corrompido de naturaleza cuya propia legitimidad también se cuestiona de origen. En otras palabras, los principalísimos culpables provienen de una lejana nebulosa habitada por los “ricos y poderosos”, por el PRIAN y por las diversas entelequias de turno: el “neoliberalismo”, la “globalización”, el “capitalismo salvaje”, etcétera, etcétera. Bastaría entonces con un cambio de “modelo” para erradicar todos los males. Ni una palabra de los canallas que ya están ahí por cuenta propia.

Esa gente existe, sin embargo, y su mera capacidad de hacer daño representa un problema colosal para la nación mexicana: desde el jovenzuelo que destroza el mobiliario urbano pagado con el dinero de todos hasta el extorsionador que termina por ahuyentar a los comerciantes de una comunidad, el costo del expolio es altísimo. Peor aún: la posible reconversión de miles y miles de individuos perniciosos —empresarios y políticos incluidos— no es algo que parezca siquiera realizable. Y eso, con o sin constitución moral.

revueltas@mac.com
Esta columna es publicada con la autorización expresa de su autor.


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