La derogación de la fracción IX del artículo tercero significaba la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, cuyo fundamento legal es sólo esa fracción. Las otras fracciones tienen que ver con la rectoría del Estado (III), las instituciones de educación superior (VII) y aportaciones de entidades (VIII).
Con justa razón, las organizaciones civiles interesadas en educación empezaron a llamar la atención acerca de esta iniciativa, que no aparecía por ningún lado, pero cuyo encabezado era absolutamente claro. El que un senador presente una iniciativa inexistente es algo extraño, que lo haya hecho el presidente de la Cámara es una absoluta falta de respeto.
Al final, Batres no presentó la iniciativa mencionada, sino sólo una modificación a la fracción III del artículo, en donde propone desaparecer toda la segunda parte de la fracción, que en este momento dice lo siguiente (entre comillas, la fracción que desaparecería):
III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. “Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo”.
En breve: lo que Batres propone es desaparecer cualquier mención de evaluación del texto constitucional. Por lo mismo, la fracción IX, en donde se crea el INEE, no tendría razón de existir. Aunque no haya presentado la iniciativa completa, no dudaría que cuando ésta pase a comisiones, sus esbirros le agreguen lo que faltó.
Lo dijimos en su momento: López Obrador y sus huestes anunciaron con toda claridad lo que harían. Quienes votaron por ellos respaldaron el fin del tercer intento de modernizar este país. Muchos de ellos, creyendo que hacían lo mejor; otros, pensando que no era para tanto. Ya no importa. Tenemos al frente del Senado a una persona que no tiene siquiera el mínimo respeto por las formas: fue incapaz de entregar por escrito una iniciativa. Y tendremos un sistema educativo sin evaluaciones.
Esta columna es publicada con la autorización expresa de su autor.
Publicado originalmente en El Financiero.