Más corrupción es menos democracia
Pudiera parecer que recientemente Latinoamérica ha sufrido una pandemia de corrupción. Desde que Lava Jato desnudara en Brasil un maridaje perverso y sistemático entre los Poderes Públicos (a todo nivel) y la empresa privada para promover e “institucionalizar” la corrupción y que enseguida se denunció extendida a gran parte de la Región (12 países), nuevas noticias de nuevos escándalos se han posicionado preferentemente de los titulares de la prensa y del imaginario social: en Argentina (la «ruta K» y los «cuadernos K»), Ecuador y Perú, por sólo citar los más mediáticos recientes.

Sin que sea privativo de una ideología o sistema social —potenciada en autoritarios—, la corrupción se enquista en la raíz de los males que han aquejado a nuestras repúblicas: junto con populismo y caudillismo, resulta de la escasa fijación de valores democráticos en muchos de nuestros países: no por “casualidad” la mayoría está en la segunda mitad —más corrupta— del Índice de Percepción de Corrupción (Bolivia ocupa el 112, junto con El Salvador). La diferencia de su aparente boom está hoy en que la sociedad civil dispone de más medios para acceder a la información y para denunciar la corrupción.

Y si esa es la causa, su consecuencia es, a la vez, menos democracia. Lo que sucede ahora en Perú, donde la sociedad civil está reclamando una profunda transformación del sistema judicial provocando que un muy débil Poder Ejecutivo —colisionado con un Legislativo decidido a sobreponérsele— amenace cerrar el Congreso para imponer las imprescindibles reformas, despierta el fantasma del fujimorazo, el autogolpe de 1992 que inició un octenio de ausencia democrática en Perú.


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