Cambios con un árbitro depauperado
La Ley de Partidos Políticos 1983 de 1999, vigente hasta septiembre de este año, sobrevivió contra grandes embates, tanto en el espectro político —tras el panorama surgido con las elecciones de 2005— como en el institucional y en el normativo-legal —con la NCPE (2008) y la Ley del Régimen Electoral (2010), entre otros— y el universo en que surgió —un Congreso plural y sin clara mayoría que estrenaba combinar plurinominales con uninominales provenientes no sólo de partidos políticos sino de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas y con un gobierno que agrupaba muchas minorías y sin una definida mayoría— ya no era, ni remotamente, el mismo de 2018.

A contrapelo de otras opiniones, sí creo en la oportunidad y necesidad de una nueva Ley que regulara la actividad político-partidaria —sobre todo en un momento que Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas están difuminados, que surgen con fuerza las Plataformas (aún sin opción de poder participar directamente en procesos electorales) y urge que temas importantes (entre ellos la pertinencia del financiamiento a los partidos políticos y su transparencia) fueran ventilados y redefinidos. El proyecto de lo que después sería la Ley 1096 de Organizaciones Políticas iba en ese sentido.

Pero lo proyectado fue interesadamente modificado y los tiempos acelerados para beneficiar a un único actor —el MAS— y su rechazado binomio electoral. A esto se suma un muy debilitado y vapuleado Órgano Electoral —hoy Poder del Estado— que, sin suplencias y ya al borde de quedar sin quórum, presuntamente enfrenta dos tendencias, una constitucionalista y otra prorroguista subordinada al Gobierno.

Hasta el 8 de diciembre estallarán los fuegos.


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