¿Para quién se gobierna?
Del Estado —según Frédéric Bastiat, pensador liberal francés— debemos sólo esperar dos cosas: libertad y seguridad. Los Gobiernos del mundo, sin embargo, han adquirido cada vez mayores atribuciones hasta alcanzar la capacidad, como en Venezuela, de llevar a todo un país a la ruina absoluta: con el pretexto de poner los medios de producción al “servicio del pueblo”, el régimen de Nicolás Maduro comenzó a confiscar gradualmente empresas privadas, a repartir alegremente los dineros del erario (sin generar nuevos ingresos), a intervenir en todos los renglones de la economía, a expulsar a miles de técnicos y expertos de la gran corporación petrolífera nacional (para colocar a sus seguidores) y, de manera paralela, a desmantelar el sistema institucional de controles y contrapesos para emprender esta gran ofensiva sin rendirle cuentas a nadie. Hoy, la economía venezolana no produce nada: confiados los gobernantes bolivarianos en que el petróleo iba a comprar todos los productos habidos y por haber sin necesidad de fabricarlos localmente, provocaron deliberadamente el derrumbe del aparato productivo en un carnaval de expropiaciones, embestidas contra los empresarios, regulaciones abusivas y nefastas políticas públicas. Los más rústicos de nuestros izquierdosos siguen glorificando al heredero del antiguo golpista —devenido en un auténtico dictador al que habría que cerrarle las puertas y repudiarlo sin ambages para dejar bien asentada la suprema importancia de los valores democráticos— y pretenden que la mentada Revolución Bolivariana ha beneficiado a las clases populares pero, caramba, el brutal empobrecimiento de una nación entera no tiene nada de modélico. El simple hecho de que dos millones de venezolanos hayan ya emigrado es en sí mismo el síntoma más visible de la descomposición de su país y el éxodo, según las previsiones de algunas agencias internacionales, alcanzará los cuatro millones de individuos hacia fines de 2019. Lo peor de todo es que, a estas alturas, la condición de miseria parece derivarse de una estrategia, de un plan para someter a la población despojándola de los bienes más esenciales y asegurar así su plena subordinación. Una auténtica monstruosidad. Ah, pero lo hemos invitado, al sátrapa, a la toma de posesión del próximo presidente de la República, porque “nosotros invitamos a todos los países y no excluimos a nadie”, en palabras de Marcelo Ebrard, nuestro futuro canciller, y “México tiene y va a sostener una política exterior de amistad y respeto”. O sea, que a los dictadores no hay que excluirlos y, por ahí, hay que tenerlos inclusive de amigos, aparte de respetarlos. Ah…

Estamos hablando de un régimen, el que instauró en su momento Hugo Chávez, que no gobierna para “los mercados”, desde luego, y que ha combatido directamente a los empresarios. El primerísimo destinatario entonces de las bondades que proclama es “el pueblo”. Resulta, sin embargo, que cuando te dedicas a destruir riqueza, quienes terminan pagando los platos rotos son precisamente los sectores más desfavorecidos de la población: los albañiles —a los que uno pudiere suponer una condición opuesta a la de los “ricos y poderosos"— trabajan en la edificación de hospitales públicos, es cierto, pero también en la construcción de centros comerciales, condominios de lujo, sedes corporativas y hoteles de cinco estrellas; los aeropuertos no sólo son para los viajeros sino que emplean a mecánicos de aviación, cargadores y taxistas a los que, una vez más, no se les puede atribuir la categoría, digamos, de fifís sino que son parte de la clase trabajadora; los campos de golf son mantenidos por jardineros cuyos salarios provienen de las cuotas de los socios; en los restaurantes de postín hay meseros que, justamente por atender a una clientela de alto poder adquisitivo, reciben buenas propinas; en los bancos —ahora en la mira de los congresistas de Morena— laboran cajeros, gerentes, técnicos en computación y contadores que forman parte de una clase media que, con perdón, también existe y cuyos derechos son tan legítimos como los de cualquier otro grupo social; desde luego que el Estado pudiere apropiarse de fábricas, bares, tiendas de ropa, supermercados y granjas porcinas. Pero, no es un buen administrador, para empezar, y cuando esa gran confiscación tiene lugar la primera consecuencia es que la pobreza se universaliza. Se crea tal vez una sociedad más igualitaria, como en Cuba, pero con niveles de vida muy bajos y con una élite, muy reducida, que se reparte impunemente el pastel ejerciendo un férreo control político sobre el resto de la población. Los jerarcas cubanos, y los de Venezuela, no llevan vidas nada modestas pero se defienden de cualquier posible cuestionamiento invocando el mito de la “Revolución”.

Cualquier deriva, en México, hacia un sistema parecido, sería totalmente suicida. Y, al final, no tendríamos ni libertad ni seguridad.

Esta columna es publicada con la autorización expresa de su autor.


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