¿El pueblo contra los jueces?
Un amigo me pide apoyar una petición que encuentro bastante escalofriante, a decir verdad. Sabrán ustedes del sitio change.org en la Internet, amables lectores, donde cualquier persona puede comenzar una exigencia colectiva para tal o cual cosa; para, digamos, proseguir con la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México o, por el contrario, para no llevar a cabo el proyecto del llamado ‘tren maya’.

Pues bien, la iniciativa que encuentro muy inquietante, lanzada por un tal Leito Alcantar en la red, es una que se formula de la siguiente manera: “Exigimos que los jueces y magistrados, sean removidos de su cargo porque no acatan el mandato del pueblo”. Se refiere a la acción de inconstitucionalidad presentada por los senadores de la oposición en respuesta a la Ley Federal de Remuneraciones y, a su vez, aceptada por Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN), para que se suspenda su entrada en vigor hasta que los magistrados dicten una sentencia al respecto.

Primeramente, es prerrogativa incuestionable de nuestro Tribunal Supremo emitir dictámenes sobre las iniciativas de ley que promueven los representantes de nuestro Congreso bicameral. A eso se dedican, entre otras tantas cosas, en su calidad de juristas facultados por la Constitución para prorrumpir la última palabra sobre cualquier posible controversia legal.

En segundo lugar, no son vasallos del Ejecutivo sino dignísimos y honorables miembros del Poder Judicial de la Federación, independiente y autónomo por su propia naturaleza. Para nosotros los ciudadanos, la SCJN es la última instancia a la que podemos recurrir cuando tenemos que defendernos de los excesos y arbitrariedades del poder. Porque, señoras y señores, no todas las leyes y disposiciones son justas, ni mucho menos, y en algunos casos contravienen las garantías que nos otorga a los individuos soberanos nuestra Carta Magna.

Por último, el tal “mandato del pueblo” no supone una potestad supra legal: nadie ha concedido a los habitantes de este país competencias para ignorar las leyes o para desconocer el dominio de las instituciones; ni se les puede tampoco invocar para vulnerar el Estado de derecho. Pues eso.

revueltas@mac.com
Esta columna es publicada con la autorización expresa de su autor.


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