Poder Judicial: contrapesos, dependencia y reforma
Estimado lector, es un gusto saludarle de nueva cuenta en este espacio. En esta ocasión analizaremos un tema de coyuntura a la luz de tres paradigmas: el caso de las muy altas percepciones de los altos mandos del Poder Judicial federal, que tanta polémica ha suscitado, y si bien se ha vertido mucha tinta en ello, consideramos que aún está lejos de ser un asunto agotado.

Le adelanto que en uno de los enfoques que utilizaremos, insistiré en señalar por qué el Poder Judicial federal no es independiente, y bueno, para que todo este debate resulte sustancioso, debe cambiar la naturaleza que engendra a dicho poder, o de lo contrario, seguiremos en las mismas, aunque cambie a Tribunal Constitucional Autónomo. Empecemos.

Los marcos referenciales que utilizaremos para analizar este tema, los denominaremos: doctrinario, constitucional y reformista.

El primer paradigma, doctrinario, es el que se aprende en la escuela; es un enfoque académico-dogmático y también es histórico, bien podría ocupar el lugar del viejo paradigma. Es el modelo que han escogido los ministros de la Corte para defender sus frijoles, pero no un kilo o dos kilos como sería legítima aspiración de una familia que no tiene nada; están defendiendo toneladas de frijoles para sí mismos y sus familiares, cercanos y lejanos, -primos, tíos, yernos, sobrinos, hijas e hijos, queridas, y un lago etc. etc.-

Invocar acomodaticiamente a Montesquieu y apelar a su teoría de la división de poderes para denunciar un “presunto” atropello por parte del Poder Ejecutivo federal, suena escandaloso; más aún, si vemos al Poder Judicial federal, como uno de los tres pilares del Estado mexicano, que es salvaje e injustamente golpeado por una injustificada intromisión del Poder Ejecutivo, a través del Legislativo, lo que técnicamente es un golpe de Estado.

Pero no perdamos de vista, que lo único que pretenden los otros dos poderes, Ejecutivo y Legislativo, es que los ministros y alta jerarquía jurisdiccional federal reciban un poco menos de las toneladas de frijol que reciben mensualmente. Asimismo, no pierda de cuadro que si bien es válido fundamentar su defensa en la división de poderes, su argumento resulta en una verdad a medias; me explico:

Hasta donde entiendo, en un régimen de división de poderes como lo ha venido siendo en México durante las últimas décadas, los poderes no son autónomos y tampoco son soberanos; la única soberanía existente lo es el pueblo, quien la establece o ejerce a través de la Constitución; por encima de ella, nada ni nadie. En nuestro régimen presidencial, los poderes no son ínsulas separadas, hay una interacción permanente entre ellos como pesos y contrapesos.

Desde la perspectiva de los contrapesos, no hay invasión de poderes, no hay atropello; los otros dos poderes, Ejecutivo y Legislativo, en su función de contrapeso, pretenden que el Poder Judicial participe del reparto del frijol, poniendo parte de lo mucho que se lleva, nada más.

¿Acaso no es función del Ejecutivo proponer el diseño del presupuesto? ¿Acaso no es función del Legislativo analizarlo y ajustarlo y expedir la Ley de Ingresos? ¿Acaso hay una ley de ingresos eterna e inamovible para el Poder Judicial? Las respuestas, respectivamente, son: si, si, y no. Sólo hay interacción y contrapesos.

Pasemos al Paradigma constitucional: es el del marco de la ley, que bien podríamos decir que es el paradigma vigente; el que sirve para operar, el que sirve de marco para fundamentar y el que hace posible la interacción de poderes. Aquí hay dos elementos a nivel constitucional: el artículo 94 prohíbe la reducción de los salarios de los magistrados durante su gestión, en tanto que el 127 prohíbe sueldos superiores al del Presidente de la República, y de conformidad con el nivel de sueldo que recibían los últimos ex presidentes, los ministros de la Corte, claramente se han mantenido por encima de la Constitución.

Fíjese nada más en la gravedad del asunto: los ministros que deben ser celosos guardianes de la Constitución y que deberían ser ejemplo de respeto a la denominada Carta Magna mexicana, la deshonran con sus salarios; entonces ¿dónde quedó la ética de los ministros o qué parte de la llamada Ley suprema no entienden quiénes se suponen son sus máximos intérpretes? ¿Cómo mejorar la calidad del Estado de derecho, si los guardianes de la Constitución tienen salarios al margen de esa propia normatividad que dicen cuidar y defender? Mejor sería disculparse y retirarse.

El tercer paradigma, el reformista, tiene que ver con un tema que ya he ventilado en ensayos anteriores: el equilibrio –o desequilibrio- empieza por el origen. Si el Ejecutivo y el Legislativo tienen legitimidad y fundamento en las urnas, el Judicial debe someterse al mismo procedimiento y a las mismas reglas de temporalidad.

Si los ministros no se deben al voto popular, entonces se deben a los personajes que los encumbraron en el Máximo Tribunal. Los que asumieron el cargo de ministro durante el gobierno de Peña Nieto le deben el cargo, el favor y la lealtad al ex presidente mexiquense; los que fueron encumbrados durante el gobierno de Calderón, pues ya sabe usted quién es su patrón, y así sucesivamente hasta donde alcance.

Es tarea pendiente investigar quien parió a cada uno de ellos, que adicionalmente cuentan con el padrinazgo de esa partidocracia que en su momento los ratificó en la Cámara Alta. Ahora, ya sabe dónde están las lealtades de los ministros, y en estas condiciones, su función se limita a meros defensores de padres y padrinos, y a la vez, en el último reducto de la corrupción e impunidad. Bonito diseño institucional.

Con los organismos constitucionales autónomos, pasa algo semejante, por ello, tal vez el Presidente AMLO los ve con recelo, porque son cuotas de partidos y ex presidentes; instrumentos para seguir extrayendo rentas del Estado, y si esto no cambia, la acción de haber quitado pensiones y privilegios a ex presidentes es una tarea incompleta.

Finalmente, si no se cambia el mecanismo de elección de los integrantes de la Suprema Corte, o en su caso del Tribunal Constitucional, seguiremos viviendo la pesadilla del mismo cuento: un poder judicial que está al servicio de ya sabe quienes, y por ende, en contra de ya sabe quién.

Por último diremos: hay quienes sostienen que el fondo de la ilegal defensa a ultranza de sus inconstitucionales percepciones, no son los sueldos, sino la justificación de cuantiosas fortunas que han sido detectadas, y cuyos orígenes no son muy claros ni fácilmente explicables. Al menos, eso dicen.

Pero la opinión que cuenta, siempre, es la de usted.

Nos leemos la próxima semana.


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